E
n el marco de la Comisión N° 5, legisladores recibieron a la ministra de Desarrollo Social, Marisa Montero, junto a funcionarios de la cartera, y a referentes del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Mesa de Salud y de la Secretaria de Discapacidad de la CTA, encuentro en el que analizaron la situación sobre el otorgamiento y pago de pensiones RUPE.
En este sentido, la Ministro aclaró que “las pensiones no son un beneficio sino un derecho de las personas con discapacidad”, indicando que “en ningún momento del año se suspendió ni el pago ni la tramitación de las pensiones”.
De esta manera, ante el requerimiento de los integrantes del Observatorio sobre qué sucederá con las pensiones que no tienen partida presupuestaria para respaldar su pago, Montero expresó que “se están confeccionando los respectivos decretos y van a estar listos para que en enero se empiecen a devengar las pensiones”.
“En la Secretaria Legal y Técnica están la totalidad de los proyectos de decretos para ir haciendo efectivo ese derecho, a partir del ejercicio 2015”, agregó, precisando que en total son 114 pensiones pendientes de pago: “44 pensiones corresponden al 2013, 68 al 2014, una del 2012 y una al 2011 que por distintas situaciones se han visto tan demoradas”.
Asimismo la funcionaria consideró que “el artículo 25 de la ley provincial 959, nos puso un tope de 10 millones para la entrega de nueva pensiones” y comentó que “necesariamente tuvimos que hacer las modificaciones presupuestarias correspondientes, y aun así como los recursos son finitos muchas veces no alcanza”.
“Ese techo tenía que ver con el calculo que correspondía para el otorgamiento 2013, en base al aumento salarial del 20,5%, pero como el aumento que dio esta gestión fue del 30,5%, se produjo el desfasaje y por eso esta demora”, explicó la Ministra.
En este sentido, el legislador Eduardo Barrientos recordó que “votamos una ley en función de los requerimientos que ustedes nos hicieron, el techo y el monto lo pusimos en función de la previsión que ustedes hacen como Ministerio”, y planteó que luego no se solicitó al Parlamento la modificación de ese artículo.
Asimismo Montero dijo que “no hemos tenido necesidad de plantearle a la Legislatura que nos aumente esa partida porque los fondos salen siempre del mismo lugar, y teniendo en cuenta la libre disponibilidad de las partidas hemos procedido”. “Hemos movido de otras partidas, pero no alcanza los fondos”, recalcó.
“El Ministerio ha hecho infinitas cosas que no tiene que ver con RUPE, porque abarcamos a otras áreas a las que también hay que dar respuestas como otro tipo de subsidios, pasajes y situaciones que ameritan asistencia por parte del Estado”, comentó la funcionaria justificando el uso de los fondos.
Conjuntamente indicó que “de un presupuesto de 555 millones, donde está incluido el sueldo del personal, 344 millones siendo una gran parte del presupuesto se destina al pago de pensiones y otros subsidios derivado de situaciones de personas en situación de vulnerabilidad social”.
En este contexto, informó que para el 2015 duplicaron las partidas destinadas al pago de pensiones “con la intensión de sanear la situación y no dejarle a la próxima gestión las deudas pendientes de ésta”, expresó, al mismo tiempo que precisó que se presupuestaron 150 pensiones nuevas, más las 114 contempladas.
“El hecho de tener libre disponibilidad de las partidas o el hecho de que las personas tengan derecho a acceder a una pensión por discapacidad está en estrecha relación a los fondos, que siempre son finitos”, consideró Montero.
Al respecto, Diana Román, integrante del Observatorio y secretaria de Discapacidad de la CTA expuso que “muchas de esas pensiones vienen tramitadas del año pasado, por lo que no podemos quedarnos con que son 45 días nada más, porque hay gente que viene del 2013, donde le dijeron son dos meses y pasaron 14 meses”.
“Pedimos que se haga una estadística seria, ya que cuando se presupuesta no se tiene en cuenta la cantidad de gente con discapacidad que hay y ni siquiera los posibles aumentos salariales” agregó considerando que “estamos hablando de derechos que están vulnerando”.
Además la referente solicitó que “se contemple la inflación ya que este año no pudo cumplir con todas las pensiones debido a que las RUPE están atadas a la categoría 10 y el aumento fue superior a las expectativas que tenia la Ministro en momento de pedir el presupuesto, pudieron dar solo 90 pensiones y le quedaron 112 entre el 2013 y 2014”.
“Estamos hablando de personas que deben vender los sillones para pagar su alquiler, mientras esperan que venga el ejercicio 2015, personas que tienen que vender sus casas o autos para pagar un tratamiento porque cuando una persona tiene una necesidad médica urgente no puede esperar al cierre de ejercicio”, lamentó Román en declaraciones a los medios locales.
La referente luego del encuentro analizó que “si están presupuestando mal, háganlo bien; si no tienen la estadística háganla, y si tiene gente que no está capacitada que se retire y venga otra que si lo esté para cumplir esa función”.
Voces de la realidad
Si bien el encuentro se desarrolló en buenos términos, con un nutrido cuestionamiento por parte de legisladores y referentes de las organizaciones hacia la ministra Montero, hubo momentos donde quienes sufren la burocracia relataron con angustia algunas de las situaciones vividas.
“Nuestra función fue bajarlos a la realidad”, expresó Román como síntesis de la tarea que realizaron los integrantes del Observatorio, quienes debieron explicar circuitos administrativos en la tramitación de la pensión, el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), y en obras sociales.
“Pudimos informar las muchas irregularidades por las que tiene que pasar la persona con discapacidad y notamos que había desconocimiento en el tema por parte de algunos legisladores y la ministro”, manifestó la referente, recalcando que “las personas deben enfrentar el maltrato por parte de la gente que los recibe, respuestas falsas diciendo que no le corresponde el certificado cuando la normativa lo establece, demoras de turnos médicos que por ley deben tener prioridad, problemas con las prestaciones médicas que por la deuda que tiene gobierno con el IPAUSS han suspendido los reintegros, entre otras”.
De esta manera, sostuvo que “el común denominador de la gente que tramita el CUD y luego la pensión en sentirse humillados, desprotegidos frente al aparato del Estado donde pasan de un lado a otro” y agregó que “no se hace seguimiento, es solo trámites burocráticos que se extienden en el tiempo sabiendo las necesidad que hay”.
“La mejor herramienta en este momento que tiene la persona con discapacidad es el amparo y hay gente que le da vergüenza ir a tribunales, también hay mucha gente que no sabe lo que es un amparo, un defensor, se sienten humillados porque están pidiendo una dádiva cuando es un derecho, y la obligación es ya”, resaltó.
Problemas con prestaciones
Entre otros temas planteados, los integrantes del Observatorio evidenciaron los problemas que tienen debido a una deuda del Ministerio con el IPAUSS, donde las partes no logran aún reunirse y mantienen una discrepancia en el monto de la deuda.
“Mientras que el Estado le deba al IPAUSS, la obra social suspende los reintegros para la gente que tiene RUPE y eso significa que a una persona con discapacidad que está haciendo tratamientos o tiene que comprar medicación no le devuelven lo que ya gastó”, expresó la referente.
En el encuentro también se abordaron temas como la ejecución de informes sociales a los pensionados, situación que la Ministra negó realizar ya que “la normativa vigente da la pensión por discapacidad en razón de la discapacidad, no tenemos informes sociales ni podemos hacerlos”.
Y la posibilidad de adecuar la estructura de los Ministerios para que la tramitación de pensiones RUPE sea de una sola cartera, y no de dos (Salud y Desarrollo Social) como lo es actualmente.
En torno a ello, la legisladora Claudia Andrade entendió que corresponde revisar la Ley de Ministerios, ya que “hoy se perjudica a los beneficiarios de estas pensiones, se ha evidenciado eso”. En diálogo con Prensa Legislativa evaluó que con el trabajo “activo” de la adhesión a la Ley Nacional de Discapacidad, “uno ve las necesidades que hay, lo relacionado con las coberturas médicas. La única herramienta que una persona con discapacidad tiene, es un recurso de amparo”.
De igual manera, se expresó la legisladora Amanda del Corro señalando que se vivenció un “reclamo fuerte” sobre la gestión administrativa de los trámites, aunque delineó una doble gestión impuesta por ley provincial que determina la función de Desarrollo Social y de Salud, situación que alienta la demora en la gestión. “Hay dos ministerios intervinientes” y recordó la necesidad de rediscutir la estructura de la Ley de Ministerios.
