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l Gobierno nacional oficializó ayer la sanción a las 8 empresas automotrices acusadas de concertar precios en perjuicio de los usuarios de Tierra del Fuego y les impuso un plazo de diez días para que hagan efectivo el pago de multas por 1060 millones de pesos.
La resolución de la Secretaría de Comercio Interior estableció que para el caso de incumplimiento, las firmas deberán pagar “por cada día de mora, los intereses a tasa activa del Banco de la Nación, hasta su efectiva cancelación”, aunque se descuenta que las compañías apelarán la decisión antes del pago y ante la Suprema Corte de Justicia.
De esta forma, tanto Toyota como Volkswagen, General Motors, Renault, Ford, Fiat, Peugeot Citroën y Honda Motor, evitarán en lo inmediato cumplir con la medida originada en la presentación que realizó el estudio jurídico Rauch–Aciar en 2008, y que tuvo como eje la acusación de que las automotrices se apropiaron de beneficios impositivos vigentes para la Isla.
Además, la resolución 271/14 de la Secretaría que dirige Augusto Costa le ordenó a las empresas que “se abstengan de impedir o dificultar de cualquier manera, que terceras personas importen o adquieran vehículos en cualquier lugar del mundo, para su reventa o utilización en el Área Aduanera Especial” de la provincia.
La disposición rechaza también “toda otra práctica que tenga por objeto o efecto mantener los precios de los vehículos a niveles similares a los vigentes en el territorio continental nacional o superiores a los que prevalecerían en un mercado abierto y competitivo”. Y aclara que, según demostró una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) “se encuentra probado que se llevaron a cabo prácticas claramente perjudiciales para el interés económico general” de los fueguinos.
Según la CNDC, las compañías también “trasladaron a los precios (de los autos) impuestos a la importación y otros, de algunos vehículos extra Mercosur, pese a que estaban exentos; o bien, en algunos casos, pagaron esos tributos –cuando en realidad no era obligatorio– para que esos automotores no compitieran en ventaja con los demás, ofrecidos a precios iguales que en el territorio continental”.
Del mismo modo, la CNDC comprobó la importación de cantidades reducidas de vehículos extra Mercosur libres de arancel de importación.
La Secretaría de Comercio ordenó a las terminales multadas “el cese de toda conducta que derive en la no comercialización de los repuestos, cobertura de las garantías y servicios de post venta de los productos de sus respectivas marcas, independientemente de que las ventas se hayan realizado a través de sus concesionarios oficiales o por medio de cualquier otro canal, y con prescindencia de la existencia de estipulación contractual alguna”.
Y también dispuso que se abstengan de toda conducta tendiente a no ceder licencia para Configuración de Modelo, o cualquier otro documento o elemento que se requiera para el ingreso y/o la venta de vehículos de su marca en el Area Aduanera Especial”.
Por último, el secretario Costa instruyó a la CNDC “para que investigue la eventual comisión de conductas anticompetitivas para los períodos posteriores a aquellos que fueron motivo de análisis”, ya que la denuncia original abarcaba los años 2002 a 2012, y resta analizar el período 2012 a 2014.
“Pelea perdida”
Por otra parte el abogado de Ushuaia Federico Rauch, impulsor de los reclamos contra las automotrices (en representación de decenas de clientes), consideró ayer que las empresas “perdieron esta pelea que ganó el Gobierno Nacional”, y dudó que el criterio pueda ser revertido por la Suprema Corte de Justicia debido a la “falta de argumentos”.
Rauch declaró a Radio Nacional que las concesionarias locales “también se apropiaron de una parte de los beneficios impositivos” y que por eso la investigación todavía continúa respecto de ellas.
“El Gobierno Nacional terminó acreditando mediante pericias contables, instrumentos aduaneros y facturas, cuál era la apropiación que habían hecho las automotrices”, aseguró el letrado, y consideró que la medida debería redundar “en una sustancial baja de precios de los vehículos”, además de habilitar el reclamo por vía judicial de los “afectados o perjudicados por esa conducta”.
Al respecto anticipó que después de la feria judicial de verano se iniciarán acciones ante la Justicia provincial que “deberá resolver sobre la indemnización a los fueguinos que compraron autos entre 2002 y 2012. Es muchísima la gente que ha sido perjudicada y aún lo sigue siendo”, observó.
