L
as concesionarias de autos de Ushuaia y Río Grande negaron que la investigación sobre abuso de precios que derivó en multas millonarias a ocho empresas automotrices, por parte del Gobierno Nacional, continúe respecto de las responsabilidades de los negocios que venden los vehículos en la provincia.
Por el contrario, desde las agencias de autos locales se hizo hincapié en que la sanción aplicada por la Secretaría de Comercio Interior, a través de la resolución 271 conocida a comienzos de esta semana, excluye expresamente a las concesionarias y las deja a salvo de haber participado de la maniobra de concertación de precios.
Cuando se anunciaron las multas, el subsecretario de Comercio Interior de la provincia, Sebastián Oyarzún, declaró a EDFM que “se continúa investigando sobre cuál fue el comportamiento de las concesionarias”, dejando entrever una posible connivencia entre estas agencias y las terminales.
Por su parte el abogado impulsor de la demanda administrativa ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Federico Rauch, también sostuvo que, según su postura, las concesionarias actuaron en complicidad quedándose con una parte de los beneficios impositivos vigentes por la ley 19.640.
Sin embargo, voceros de las agencias locales desmintieron tanto su responsabilidad en el caso como la continuidad de la investigación respecto de ellas.
Concesionarias excluidas
“Hay que decir que aquí no existió una demanda, sino una denuncia contra las concesionarias. Y que el Gobierno Nacional resolvió sancionar a las automotrices (que no habían sido denunciadas) y excluyó expresamente a las agencias”, señaló la fuente consultada por este medio.
Para fundamentar esta posición, los voceros exhibieron las tres fojas de la resolución 271 que firmó el secretario Augusto Costa, donde se analiza el rol de las concesionarias.
Allí se indica que “ha quedado probado” que el precio similar entre los autos vendidos en el Continente y en la Isla ya se verifica “en las ventas que realizan las terminales a las concesionarias”.
“Esta Comisión descarta que las concesionarias hayan estado involucradas, en el período involucrado, en un acuerdo colusivo, tendiente a incrementar los precios y/o restringir la oferta en el Área Aduanera Especial o hayan sido las responsables primarias de los hechos investigados”, se afirma en la resolución.
En la misma línea, se agrega que “el proceso productivo de los automotores tiene al menos dos etapas relevantes: la primera es la fabricación o importación de vehículos, en la que los competidores son las terminales y los representantes oficiales de marcas extranjeras, y la segunda que comprende la comercialización minorista de vehículos, en la que los actores son las concesionarias. Esta Comisión entiende que el acuerdo colusivo se ha verificado en la primera etapa del mercado, y que la segunda etapa no hizo más que trasladar los efectos de dicho acuerdo a los consumidores, a través del proceso de distribución”, indica el documento.
IVA sí, IVA no
A su vez, desde las agencias de Ushuaia y Río Grande negaron también la acusación respecto de que desde esos negocios habrían aprovechado las operaciones de venta de autos para apropiarse de impuestos que se tributan a nivel nacional como es el caso del IVA.
“El informe de la Comisión de Defensa de la Competencia tiene 425 páginas y en ninguna se hace mención a ese tipo de prácticas, ni siquiera cuando se analiza el comportamiento de las automotrices, que finalmente resultan multadas”, aclararon las fuentes.
Y respecto a la posibilidad de que se genere una ola de juicios, contra las terminales o las concesionarias, como adelantó el abogado Rauch, en busca de un resarcimiento económico por parte de clientes damnificados, los voceros aclararon que para ello debería, primero, quedar firme la sanción.
“Las multas contra las automotrices acaban de ser aplicadas y pueden ser recurridas ante la Justicia, es decir que no están firmes. En este sentido no se explica cómo se podrían iniciar acciones ni bien terminada la feria judicial de verano”, dijeron las fuentes.
