E
l Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia le concedió la prisión domiciliaria a Félix Donamaría, uno de los condenados y detenidos por su vinculación con el denominado “escándalo de la contabilidad paralela” durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
La resolución firmada por los jueces Maximiliano García Arpón, Guillermo González y Alejandro Pagano Zavalía se basa en que el ex Contador General de la Provincia durante los últimos seis meses de Manfredotti en el poder, cumplió 70 años de edad, además de contar con informes favorables sobre su conducta en el tiempo que lleva de detención.
El defensor de Donamaría, Alberto Bovino, solicitó el beneficio establecido en las leyes vigentes, unos días antes de que su defendido cumpliera años, el pasado 3 de abril.
El Tribunal tuvo en cuenta el dictamen favorable al otorgamiento del pedido realizado por el Fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, y también los informes en el mismo sentido suscriptos por el área social del Servicio Penitenciario provincial.
De esta manera, la orden dictada por los magistrados se cumplió a partir del pasado viernes, y el ex funcionario fue alojado en un domicilio aportado por la defensa, donde será “supervisado” por efectivos penitenciarios, según establece la misma resolución.
Bovino ya había presentado varios pedidos de excarcelación de su cliente, atendiendo a factores como que la sentencia aún no se encontraba firme, o argumentando la supuesta falsedad de las firmas de distintos jueces a lo largo del proceso.
Sin embargo, todos esos planteos fueron rechazados en diferentes instancias judiciales.
Agujero negro
La “contabilidad paralela” fue una modalidad de pago a proveedores del Estado utilizada durante buena parte de la gestión de Manfredotti. Consistía en la adquisición de bienes y servicios sin que mediara ningún expediente administrativo que respaldara la operación. Se pagaba “por anticipo”, contra la simple presentación de una factura y a veces ni siquiera eso. Los importes liquidados quedaban asentados en un sistema informático adquirido a tal efecto, y no devengaban de las partidas asignadas por presupuesto, de ahí que se considerara al sistema como “paralelo”.
Solamente entre 2002 y 2003, se estima que el Estado fueguino erogó de esta forma $191 millones de pesos de la época. Sin embargo, luego de que la maniobra fuera denunciada en 2004 por los ex legisladores Manuel Raimbault y José Martínez, la Justicia comenzó una lenta investigación que terminó focalizándose en los últimos seis meses del período de gobierno, dejando de lado todo el período restante.
El Tribunal de Cuentas, denunciado por no haber detectado nunca la maniobra, terminó emitiendo el informe que sirvió de base para la acusación, donde se reportan pagos sospechosos por 8,7 millones de pesos divididos en 26 operaciones distintas.
La defensa de Donamaría intenta demostrar que los roles desempeñados por este ex funcionario y por el ex secretario de Hacienda José Merlino (también condenado y detenido) fueron muy distintos, en principio porque Merlino estuvo presente en buena parte de la gestión manfredottista, mientras que el ex contador lo fue sólo en el último semestre.
A Merlino se le atribuye, incluso, haber sido el autor de la circular 12/02 que justificaba los pagos por anticipos. En cambio Donamaría, si bien rubricaba las órdenes de pago a pedido del secretario, y utilizando un sistema que se aplicaba desde hacía varios años, no hay ninguna evidencia que lo conecte con el andamiaje de corrupción montado para sustraer dinero del Estado.
Aun así, Donamaría recibió una primera condena a dos años y seis meses de prisión en suspenso, el 30 de abril de 2010. Y una segunda, a cuatro años de prisión efectiva, el 12 de septiembre de 2013. La pena fue unificada en cuatro años y seis meses de cárcel y desde entonces se encuentra detenido.
Además, el 18 de octubre de 2013 recibió otra condena de dos años de prisión, siempre por hechos vinculados con la misma causa.
Finalmente el Tribunal Oral resolvió el año pasado, a pedido de la defensa, unificar varias de las causas que todavía quedan pendientes, en un solo juicio que se realizará en septiembre de este año.
