Se niegan a dar clases a joven discapacitado

Denuncia penal contra docentes de Tolhuin

08/04/2015
U
n grupo de docentes secundarios del Municipio de Tolhuin fueron denunciados penalmente bajo la sospecha de que se negaron a dictar clases porque entre los alumnos se encontraba un alumno con Síndrome de Down, amparado por un fallo judicial que le permitía asistir a ese establecimiento escolar.
La denuncia fue presentada por el abogado de Río Grande Gustavo García Casanova, patrocinante de la familia del joven de 17 años  que padece la discapacidad.
Según el letrado, los directivos y docentes de la escuela de Tolhuin Ramón Trejo Noel emprendieron una “acción coordinada de hostigamiento contra el joven”, al negarle el derecho a la Educación cuando una resolución dictada por la jueza Civil Silvia Herráez ordena que se le garantice la asistencia a ese colegio.
Esa medida judicial dispone que el joven puede cursar el tercer año de la educación secundaria sobre la base de un programa curricular adaptado a su caso, tal como se desprende de las leyes nacionales y provinciales que protegen los derechos de las personas con capacidades diferentes, informó ayer el portal Reporte Austral.
Según la postura de la familia del estudiante, tres tutores que estaban a cargo del alumno pidieron licencia en menos de un mes.
Por otra parte, los padres se enteraron el martes que cinco profesores del establecimiento, que dictan materias en el tercer año de la institución educativa, también pidieron licencia de manera simultánea.  
“Nos hemos enterado con mucha angustia que todos los profesores que debían dar clases al curso del joven también pidieron licencia. Los chicos entraron a las 7:20 al colegio y a las 7:40 ya estaban en casa porque no tenían ninguna profesor que les diera clases”, dijo García Casanova citado por el portal.
El abogado explicó que el joven está siendo hostigado a pesar de que “no tiene ninguna maldad” y  que “el año pasado fue elegido mejor compañero por el resto de los alumnos”.
El letrado atribuyó la situación al “desconocimiento de los derechos que asisten a las personas con discapacidad”, aunque reafirmó que se trató de una acción coordinada y a sabiendas de que se estaba incumpliendo un mandato judicial.
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