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a sede de Glisud SA, la empresa fantasma que operó durante el manfredottismo para quedarse con créditos subvaluados del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, y que también es investigada por lavado de dinero, fue allanada en el marco de una causa penal donde se investiga el delito de trata de personas.
La compañía presidida por Enrique Pinto, un ex empleado durante los cuatro años de gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti y ex colaborador del ex vicegobernador Daniel Gallo en el Congreso, declaró como domicilio legal al inmueble ubicado en la calle Corrientes 1888 de Capital Federal.
Cuando estalló el escándalo de los negociados de Glisud en la provincia, trascendió que en el lugar vivía la contadora Graciela D´adamo, apoderada de la empresa y ex asesora de Gallo en la Legislatura. Pero también se supo que en el mismo sitio funcionaba un prostíbulo cuyos servicios se promocionaban por avisos en diarios nacionales.
La novedad es que la sede de la firma ligada al poder político fueguino aparece relacionada a una red de trata de personas que la Justicia Federal desbarató a través de un megaoperativo ordenado por el juez Federal Ariel Lijo, la noche del 26 de octubre de 2013.
Según todavía investiga la Justicia, la organización delictiva explotaba sexualmente a al menos 24 mujeres y cometió ilícitos en perjuicio de 56 personas.
La investigación comenzó con la denuncia de un testigo protegido, el 19 de diciembre de 2012, ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). Allí se hizo referencia al funcionamiento de decenas de departamentos porteños conocidos vulgarmente como “privados”.
El juez Lijo reunió pruebas durante diez meses, en los que realizó seguimientos y escuchas telefónicas, hasta el día del operativo en que se concretaron más de 40 allanamientos en forma simultánea, con intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata, dependiente de la Secretaría de Justicia de la Nación.
Uno de los procedimientos se realizó en la sede Glisud.
Trata de personas
Lijo formó la causa N° 382/2013, caratulada “Castrillón Maximiliano y otros s/ infracción al art. 145 bis”, en la que realizó distintos pronunciamientos que luego fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal. También intervino desde el primer momento el fiscal Marcelo Colombo, a cargo de la “Procuraduría de Trata y Explotación de Personas” (P.R.O.T.E.X).
A raíz de todo ello fueron procesadas doce personas: Miriam Beatriz García, Dionisia Dominga Dos Santos, Salvador Francisco Rizzo, Pabla Isabel Seitour, Sonyi Hernández Cruceta, Maximiliano Castrillón, María Adelaida Caroso, Carlos Daniel Morales Comini, Sandra Carina Rodríguez, Dora Marta Quiroz, Verónica Moyano y Marta Beatriz Tula.
A Moyano y a Tula se les imputó que, “cuanto menos desde el 18 de enero de 2013 y hasta el 26 de octubre de 2013, en forma organizada, habrían promocionado, facilitado y explotado económicamente la prostitución de numerosas mujeres en los inmuebles sitos en Callao 521 y Corrientes 1888”.
Tula, de sesenta años, fue detenida el 12 de noviembre de 2013 en el allanamiento que estuvo a cargo del Subinspector Damián Garobina, por el delito de trata de personas agravada. En su declaración indagatoria, a pedido de su propio defensor, sostuvo que el privado (o sea la sede Glisud) era propiedad de D´adamo, la ex apoderada de la empresa fantasma, famosa por haber presentado una oferta falsa en un concurso de precios realizado por el Fondo Residual del BTF (lo que le valió un procesamiento por fraude) y por haber aparecido en fotos con el disfraz de Gatúbela.
De esta forma, Tula pretendió involucrar a “Gatúbela” en la investigación por trata, ya que, por ejemplo, las líneas telefónicas del inmueble figuran a nombre de D´dadamo, igual que las del domicilio Corrientes 1667 1°, donde funcionaba otro privado.
Dos causas más
Glisud fue fundada por dos ancianas indigentes y luego transferida a Pinto, quien la utilizó (entre otros fines) para participar de un concurso de precios del Fondo Residual del BTF donde se adjudicaron créditos de deudores de la entidad crediticia, en 2003.
En esa operatoria, se sospecha la comisión de delitos por los que el juez penal de Ushuaia Javier de Gamas Soler procesó a integrantes de la firma y a autoridades del Residual.
Además, otra causa investiga el origen de los fondos (unos 140 mil dólares) con los que Glisud se hizo de los títulos de la deuda pública que utilizó para la oferta. La sospecha, en ese caso, es la supuesta comisión del delito de lavado de dinero.
