Justicia Federal – Río Grande

Malvinas: formalizaron denuncia contra petroleras por operaciones ilegales

21/04/2015
E
l titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, presentó ayer en Tierra del Fuego el requerimiento de instrucción para motorizar la denuncia del Gobierno Nacional contra nueve compañías petroleras, entre directas e indirectas, que operan ilegalmente en la cuenca de Malvinas realizando tareas de exploración y explotación de hidrocarburos.
Gonella efectuó la presentación ante el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Lilian Herraez, en forma conjunta con el fiscal general del distrito, Adrián García Lois, y el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport.
El escrito de 25 páginas se basa en la denuncia formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Nacional, Héctor Timerman, y por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y que por razones de jurisdicción debe tramitarse en el juzgado fueguino.
El requerimiento menciona como involucradas directas en las actividades ilegales a las empresas Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. Y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc).
A todas ellas les imputa desarrollar “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico, en proximidades de las Islas Malvinas –área que forma parte de la plataforma continental argentina–, sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
También agrega que ese accionar contraviene “los derechos soberanos y exclusivos de exploración y explotación de la República Argentina sobre su plataforma continental, al mismo tiempo que producen una significativa afectación de los recursos naturales que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional”.
Sin embargo, el requerimiento fiscal alude, además, a otras cuatro sociedades que “en forma directa o indirecta” habrían efectuado aportes para consumar la maniobra que se denuncia.
En ese sentido, el documento menciona a la empresa Pretoleum Geo–Services (PGS) que habría provisto sus buques PGS M/V Ramford Sterling”, “PGS Ramform Titan” y “Falcon Explorer” para realizar “tareas de relevamiento y análisis de datos estratégicos para la evaluación de la sustentabilidad de los yacimientos”.
También se denuncia a la compañía Desire Petroleum p.l.c que habría “suministrado datos sísmicos de utilidad y cuyo capital habría sido adquirido en 2013 por FOGL” y a Neptune EHF, propietaria del buque oceanográfico “MV Poseidon”, “el cual habría sido utilizado por FOGL para llevar adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales”.
En última instancia, la denuncia individualiza a la firma Ocean Rig, dueña de la plataforma semisumergible “Eirik Raude”, “con la cual se estarían realizando tareas de perforación en el lecho submarino”.
La imputación contra las petroleras no se limita a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera, sino que también incluye posibles acciones de contaminación del ambiente, y hasta la posible comisión de contrabando por “importación o exportación de bienes en infracción a las leyes aduaneras de nuestro país”.

Una por una

El escrito judicial agrega un detalle pormenorizado de las actividades que habrían llevado a cabo cada una de las empresas en torno a la zona de Malvinas, y también de la forma en que se habrían vinculado entre sí a través de contratos y subcontratos de servicios.
Por ejemplo, describe que FOGL, cuya actividad principal se circunscribe a la exploración y eventual explotación de hidrocarburos costa afuera, en zonas próximas a las Islas Malvinas, habría realizado en 2013 “al menos tres campañas de prospección sísmica 3D, operadas por Noble Energy Inc., en el marco de subcontrataciones –o acuerdos farm out– suscriptos por FOGL con ésta y con Edison International S.p.A. , y que habrían sido llevadas adelante por Petroleum Geo–Services, contratada por FOGL”, explica el documento fiscal.
En esa línea, menciona que los datos sísmicos recolectados permitieron realizar un mapeo de las áreas promisorias para determinar la localización de los pozos para el programa de perforación que “ya se encontraría en curso según comunicados de prensa fechados el 3 y el 5 de marzo de 2015”.
A FOGL también se le imputa haber llevado adelante estudios geoquímicos y de líneas de base ambientales utilizando el buque oceanográfico MV Poseidón –propiedad de Neptune EHF–, que “habría recogido muestras del lecho marino de las tres áreas al sur de las Islas Malvinas en las que se efectuó la prospección sísmica 3 D, y luego en el área “Isobel/Elaine” en la cuenca al norte de las islas”.
El movimiento del barco fue registrado a través de un seguimiento satelital efectuado por la Prefectura Naval Argentina, entre diciembre de 2013 y mayo de 2014, precisa la imputación fiscal.
Según la denuncia, en la cuenca sur de la islas Malvinas se realizan dos perforaciones operadas por Noble Energy Inc, donde FOGL tendría una participación societaria del 52,5%, mientras que en la cuenca norte se llevan a cabo otras dos perforaciones operadas por Premier Oil plc, con una participación de FOGL del 40%.
“Existen sobradas evidencias que permiten aseverar que, al menos desde el mes de diciembre del año 2013 y hasta el presente, las nombradas empresas se encuentran realizando actividades relativas a la búsqueda y también extracción de hidrocarburos, de la plataforma continental argentina, sin contar con la correspondiente autorización de las autoridades competente de este país”, concluye más adelante el requerimiento fiscal.
La presentación hace hincapié en que el accionar de las compañías no pudo haber sido con desconocimiento, no solo porque se trata de multinacionales con departamentos jurídicos propios, sino porque varias de las empresas fueron advertidas de la conducta ilícita por la Secretaría de Energía de la Nación, que además las sancionó con una inhabilitación de 20 años para desarrollar actividades en el país.
Los fiscales pidieron una “batería” de medidas probatorias tendientes a individualizar y luego indagar a los responsables de las petroleras cuestionadas, y también le solicitaron a la Justicia que mediante el dictado de medidas cautelares haga cesar los efectos del delito, impidiendo que las exploraciones y explotaciones hidrocarburíferas se sigan llevando a cabo.

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