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urante casi 4 horas se prolongó la reunión que ayer mantuvieron algunos de los legisladores que integran la comisión de Salud y la ministra del área, Adriana Chapperón. El encuentro sirvió para que los parlamentarios trasladaran a la funcionaria una multiplicidad de consultas sobre diversos aspectos vinculados con el funcionamiento de la cartera, de los hospitales públicos y de otras instituciones que están bajo la órbita de ese ministerio.
La legisladora de la UCR, y presidenta de la Comisión, Liliana Martínez Allende sostuvo que aun cuando muchas de las respuestas dadas por la ministro “no resultaron del todo satisfactoria” consideró que el encuentro resultó positivo ya que permitió trasladarle a Chapperón “las consultas que nos trasladan las personas que tienen los inconvenientes día a día”.
Precisó que dentro de la variada agenda abordada ayer se avanzó sobre la implementación del nuevo sistema de otorgamiento de turnos. “En Ushuaia ya se están otorgando a partir del mediodía, pero no en Río Grande”, lo que a su entender marca una deficiente gestión para resolver una cuestión que no presenta demasiada complejidad. Consideró también una demostración de los problemas de gestión del Ministerio el que todavía no se pueda garantizar “que se cobren todas las prestaciones médicas a las obras sociales”.
Otra de las consultas planteadas estuvo referida al sistema de compra de insumos hospitalarios a partir de la vigencia de la ley de financiamientos sancionada el año pasado por la Legislatura. “Nos dijo que implementación de la normativa les demandó cerca de dos meses, y que ello impidió una manejo más fluido de los recursos destinados a la compra de insumos, por lo que al día de hoy los hospitales siguen sin contar con un stock adecuado. Pero nos dijo que esta cuestión se estaría resolviendo en el corto plazo”.
Martínez Allende señaló también como tema de preocupación la situación que existe en torno a los médicos que están realizando sus residencias en los hospitales de Río Grande y Ushuaia. “Esas residencias se terminan el 30 de abril y todavía no están los contratos para que esos profesionales sigan vinculados al sistema de salud público a partir del 1 de mayo. La Ministra nos aseguró que esos contratos ya están para la firma, por lo que suponemos que no harán inconveniente alguno”.
En lo que hace a la contratación de nuevos profesionales médicos mencionó que la funcionaria les indicó que ya mantuvo conversaciones con el IPV para terminar de definir la operatoria de viviendas destinadas a médicos que se radiquen en Ushuaia, “pero nos dijo que todavía no se había avanzado en los que hace a viviendas en Río Grande, lo que no termino de entender ya que se trata del mismo Instituto”.
Agregó que Chapperón refirió también que, tras el convenio firmado con la empresa NewSan, el 20 de junio debería estar ya concluida la última etapa de la obra de Anatomía Patológica de Ushuaia, por lo que a partir de ese entonces el servicio volvería a funcionar en plenitud luego de haber estado cerrado, o funcionando de manera parcial, por casi mil días.
Durante el extenso encuentro, del que también tomaron parte las legisladores Andrade (MPF); Del Corro (PSP) y Siracusa (PJ) se le solicitaron precisiones sobre los acontecido anteayer en el hospital de Ushuaia con la fuga del área de internación de una mujer y su bebé recién nacido.
La ministro refirió que la paciente ingreso al nosocomio cerca de las 4 de la madrugada ya con trabajo de parto por lo que en ese momento no se le solicitó su documentación. A eso de las 7 se produjo el nacimiento del bebe y madre e hijo fueron trasladados a una sala de maternidad. A eso de las 10.30 personal de Administración se dirigió a la habitación de maternidad para completar los datos de la internación, momento en el que se detecta que la joven y su bebe habían abandonado sin autorización médica el hospital.
Señaló que el personal policial de consigna en el hospital tomó conocimiento de oficio de la situación y que desde el Hospital se informó la novedad al Ministerio de Desarrollo Social, lo que posibilitó determinar que la mujer había aportado datos filiatorios y de residencia falsos.
