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a Asociación Participación Ciudadana realizó severos cuestionamientos a los informes presentados, tanto por el Gobierno de la Provincia como por la Municipalidad de Ushuaia, en la causa judicial donde ambos organismos fueron condenados a remediar la contaminación cloacal que sufren las costas de la ciudad.
La ONG que motorizó la demanda por protección de intereses difusos que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia, a cargo del juez Alejandro Fernández, planteó que el Gobierno supeditó el plan de obras de infraestructura cloacal (que debe llevar a cabo para cumplir con la condena) a los recursos que se obtengan de gestiones ante el Gobierno Nacional. Y que lejos de presentar un plan de acción, con metas concretas y plazos de cumplimiento, simplemente se formuló un descargo que desliga en un tercero (el Estado Nacional) el acatamiento de la sentencia.
La entidad social también cuestionó al Municipio, por no indicar las partidas presupuestarias de donde se deberían financiar las tareas de remediación ambiental que le corresponden al ámbito municipal, y por no haber presentado un plan de saneamiento de los sitios más afectados, y un esquema de mantenimiento (con cantidad de personal incluido) del sistema cloacal una vez que sea transferido desde la órbita provincial.
En los escritos presentados en la causa por Participación Ciudadana, se concluye que “nada hace suponer que se producirá el cese de la contaminación ambiental y el potencial daño para la salud de la población”, por lo que le pide al juez la realización de una audiencia de partes a los fines de que una perita oficial se expida sobre las medidas propuestas y se garantice el cumplimiento de la sentencia.
“La remediación ambiental depende, en primera medida, de las obras que debe encarar el Gobierno. Resulta imposible que el Gobierno y el Municipio inicien el saneamiento costero si las cloacas continúan volcándose sin tratamiento sobre las aguas del canal. Por otro parte, el Municipio no puede iniciar el mantenimiento si las obras no se terminan y se transfieren”, sostuvo el director ejecutivo de Participación Ciudadana, en dialogo con EDFM.
“Y aunque cueste creerlo, en los presupuestos (provincial y municipal) no figuran fondos para cumplir con la sentencia, ya que todo el cumplimiento está supeditado a que la Nación transfiera recursos. Así como están planteadas las cosas, pareciera que el Estado Nacional es el responsable de hacer cesar la contaminación, cosa que resulta absolutamente incomprensible”, afirmó Worman.
A unos y a otros
La ONG observó que el gobierno provincial, en lugar de presentar un plan de acción para desarrollar las obras de infraestructura involucradas en la sentencia, realizó un mero descargo, “sin presupuestos globales ni parciales por proyectos ejecutivos, y supeditados a los fondos de Nación”.
Con ese esquema, la Justicia no podrá monitorear los avances de los trabajos, ni distinguir responsabilidades, ya que la presentación fue realizada en nombre del gobierno y de la Dirección de Obras Sanitarias, señala la entidad.
“Resulta necesario constituir un plan de obras para la reparación de la trama existente y de expansión futura sobre los amplios sectores de la ciudad en donde se mantiene desde hace décadas el volcamiento crudo de los efluentes sobre la cuenca hídrica de la ciudad de manera indiscriminada”, indica la observación agregada a la causa.
También menciona que desde el punto de vista presupuestario, el plan debe contar con “una estimación plurianual de sus costos, ya que la sentencia ha dispuesto de plazos de cumplimiento obligatorio que permiten organizar un presupuesto plurianual que sostenga el correlato con los tiempos indicados en la sentencia (2 años para el restablecimiento del sistema existente y hasta 5 para finalizar las obras restantes)”.
Y en cuanto a las responsabilidades municipales, Participación Ciudadana también observó la falta de un plan de acción que pueda supervisarse o monitorearse.
A este organismo se le cuestiona que no haya diseñado un mecanismo de transferencia de las obras que realizará el gobierno pero que deberá mantener el Municipio, incluyendo el área específica que se ocupará de los servicios y la cantidad de empleados que serán afectados a esa tarea.
A su vez, se menciona la falta de precisión sobre el origen de los recursos económicos que serán destinados a esta actividad, y se hace hincapié en la ausencia de un sistema de remediación de los sitios impactados por la contaminación, en función de las delimitaciones geográficas que figuran en la misma sentencia judicial.
