E
l Poder Ejecutivo provincial, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos y el Sindicato Único de Portuarios Argentinos han planteado ante Nación la preocupación por las consecuencias que podrían generar en la actividad pesquera local la aplicación de sanciones a algunas de las empresas que están siendo investigadas por la secretaría de Pesca de Nación.
Dos son inicialmente las firmas que son objeto de investigación. Pesantar fue denunciada a fines del año pasado por integrar el grupo japonés Nissui que operaba en Malvinas con permisos concedidos por el gobierno británico en la Islas. Si bien el 100% de Pesantar fue adquirido por el grupo empresario argentino New San, las tramitaciones tendientes a determinar el grado de responsabilidad y las sanciones que podrían corresponderle por haber infringido la ley nacional de pesca siguen su curso.
La otra empresa que por estas horas está siendo escrutada con atención a su potencial vinculación con firmas japonesas que estén pescando en Malvinas es San Arawa. El subsecretario de Pesca de la Nación, Miguel Bustamante, refirió que está “analizando los informes que suministró Japón respecto de la participación de esos grupos en alguna otra sociedad argentina. Estamos pidiendo medidas complementarias al Ministerio para que nos informe mejor porque parecería que habría algún grado de participación de otra empresa”, apunto en declaraciones a la revista Puerto.
El Subsecretario de Gestión, Control y Fiscalización de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente, Eduardo Bauducco precisó que también en el orden provincial se está investigando el tema. “Yo he pedido un informe sobre la situación de las demás pesqueras locales para corroborar si existe algún vínculo con empresas japonesas. Sí me consta que San Arawa tiene vínculos con capitales japoneses (la compañía Nichimo adquirió en 2013 el 80% de San Arawa) y estoy a la espera de esa información” precisó a EDFM.
El representante de la provincia ante el Consejo Federal Pesquero señaló que el sumario que se sigue contra Pesantar como así también la investigación respecto de San Arawa son seguidos con atención y preocupación en Tierra del Fuego.
En el caso puntual de la pesquera adquirida por New San a la japonesa Nissui, la sanción podría alcanzar el retiro del permiso de pesca y por ende de las cuotas de captura asignada, lo que implicaría, lisa y llanamente, el cierre de la empresa. Ante esta posibilidad, Bauducco mencionó que “le he expresado, como lo han hecho los gremios vinculados a la actividad pesquera, SOMU y el SUPA, la preocupación por las consecuencias que una sanción de ese tipo podría acarrear a la actividad”, sobre todo teniendo en cuenta que esa pesquera genera “unos 110 puestos de trabajo directos” y cerca de 500 indirectos, según los datos aportados por el funcionario fueguino. A esto hay que sumar que la actividad pesquera –entre impuestos, tasas, sueldos y compras– produce un movimiento económico anual de cuanto menos 200 millones de pesos.
Bauducco reconoció que se está ante una situación compleja. “Nosotros creemos que la ley está para ser aplicada y cumplida, pero también pretendemos que se tenga en cuenta el posible perjuicio a los trabajadores” si se resuelve desde Nación aplicar el criterio más estricto.
El funcionario también señaló que a su entender una sanción extrema –como el retiro de permiso y cuota de captura– Pesantar resultaría injusta, ya que la conductiva violatoria a la ley de pesca que se le reprocha fue cometida por el anterior propietario. Dijo que la ley es muy escueta en esta cuestión, por lo que no descartó la posibilidad de que “se puede aplicar alguna otra normativa que permita deslindar la responsabilidad de los actuales propietarios respecto de lo sucedido antes de que se hicieran cargo de la empresa”.
En ese marco de definiciones Bauducco incluso adelanto postura del tratamiento que deberían recibir otras empresas que pudieran verse involucradas en situaciones como las vividas por Nissui– Pesantar y Emdepes. “Yo interpreto que si existe una infracción de este tipo sin conocimiento o consentimiento del socio argentino, debería aplicarse la sanción a la parte de la sociedad que incurrió en la infracción, porque aparece como totalmente injusto que si por decisión de un socio extranjero se sanciona al socio local los trabajadores son lo se verán absolutamente perjudicados. Claro que si los gerentes locales están involucrados o participaron activamente en la cuestión, sobre ellos también debería recaer la sanción”, precisó.
Mencionó que también es preocupación de la Provincia garantizar que ante eventuales sanciones a estas empresas, aquellas que accedan a esos permisos o cuotas de capturas deban operar desde Ushuaia. “La ley nada dice la respecto, y por lo tanto eso no está reglamentado, por lo que como Provincia vamos a pedir que, en el caso de que haya sanciones, las cuotas de captura
Se asignen a empresas que ya operan en la Provincia y que, en su defecto, deban comenzar a hacerlo desde Ushuaia”.
