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a FePoTra sostiene que el cruce por aguas argentinas sobre el Estrecho de Magallanes constituirá un “paso clave” para el control del tráfico marítimo en la zona, incluyendo a embarcaciones militares y comerciales que navegan con rumbo a las Islas Malvinas.
El diputado nacional Oscar Martínez (Movimiento Solidario Popular) fue quien tomó la iniciativa de la FePoTra y la presentó en el Congreso Nacional, aunque el proyecto recibió el aval de otros diputados, como el de Martín Pérez (Frente para la Victoria) y de organizaciones como el Centro de Veteranos de Guerra de Río Grande.
Causas relevantes
La nueva secretaría judicial que propone el proyecto de ley se ocuparía “de manera exclusiva, tanto de las causas vinculadas con la guerra que se desarrolló desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982, como de todas aquellas relacionadas con la usurpación territorial, marítima y aeroespacial en torno al archipiélago malvinero, a la militarización y al saqueo que desde allí se expande por el Atlántico Sur y el Sector Antártico Nacional a través de la explotación hidrocarburífera, pesquera y turística, de Gran Bretaña y de sus socios”, aseveran los fundamentos.
También mencionan que el Juzgado Federal de Río Grande investiga una serie de delitos complejos, como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas, que le impiden dotar de una mayor celeridad y profundidad a las investigaciones relacionadas con Malvinas.
La creación la secretaría permitiría “aprovechar mejor el recurso humano disponible, favorecer la defensa de los intereses nacionales y priorizar las causas que por su complejidad y trascendencia pública generan repercusiones tanto en el país como a nivel internacional”, esgrimen los autores de la iniciativa.
Los impulsores de la ley recordaron que en el juzgado riogradense, a cargo de la jueza Federal Lilian Herráez, se tramitó la causa Nº12.052 de 2007, caratulada “Taranto Jorge Eduardo”, en la que un grupo de ex combatientes denunciaron a ese ex subteniente del Ejército y a otros oficiales argentinos por presuntos vejámenes y torturas contra soldados durante la guerra.
El expediente es el mismo que motivó al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que ordenó el archivo de las actuaciones.
Por otra parte, la jueza Herráez también tiene en su poder la causa iniciada el 21 de abril de este año por funcionarios del Gobierno Nacional contra nueve petroleras extranjeras acusadas de explotar recursos hidrocarburíferos en Malvinas sin autorización nacional.
El caso motivó un requerimiento de instrucción presentado por tres fiscales, entre ellos el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) Carlos Gonella, y una resolución de la jueza ordenando embargos millonarios y el secuestro de barcos usados por las compañías imputadas.
Nueva estructura
El proyecto que será debatido por la Cámara de Diputados y el Senado Nacional propone crear una nueva secretaría dependiente del “Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, para “cuestiones de competencia vinculadas con las Malvinas Argentinas”.
La ley contempla el nombramiento de un secretario, dos prosecretarios y cinco empleados judiciales (un oficial mayor, dos escribientes y dos auxiliares) y coloca en cabeza del Consejo de la Magistratura de la Nación, la provisión de los elementos necesarios para “la instalación y funcionamiento del organismo creado por esta ley”.
