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partir de la promulgación de la ley 1049, el Estado fueguino quedó cubierto legalmente para seguir cobrando las tasas de verificación de procesos productivos y de certificación, por cuanto la norma publicada el pasado 27 de agosto adecuó la ley impositiva para encuadrarla al fallo de la Corte Suprema de Justicia que había declarado la inconstitucionalidad de la metodología que desde 1992 se aplicaba en Tierra del Fuego para fijar la base imponible para la determinación de la tasa.
De ahora en más se toma como base imponible para el cálculo de la tasa el valor de producción y no el valor FOB de salida de la mercadería.
Así se resuelve parcialmente la situación generada a partir del mencionado fallo judicial, ya que la modificación a la ley impositiva sólo alcanza a las tasas que cobra la Dirección General de Comerció, no así las que emiten las áreas de Recursos Naturales y de Hidrocarburos. Es decir, aquellas que alcanzan a la producción hidrocarburífera, pesquera, forestal, turbera y ganadera.
La gestión Ríos ya elevó a la Legislatura el proyecto de ley que hace extensiva la modificación de la base imponible a la tasa de certificación de origen. Esa iniciativa tomó estado parlamentario en la sesión del pasado 13 agosto, la misma en que resultó aprobada la modificación parcial que fuera promulgada el 27 mediante decreto 1917, pero fue girada a comisión para su estudio.
Es de tener en cuenta que esta última propuesta es la que está directamente vinculada al fallo de la Corte, por cuanto avanza en la adecuación de la tasa que se le cobra a la actividad pesquera que fue la que motivó que las pesqueras San Arawa; Yuken, Glaciar Pesquera y Pesquera de la Patagonia y Antártida impulsarán las causas declarativas de inconstitucionalidad que obtuvieron sentencia favorable a fines del pasado mes de abril.
La ley 1049 también crea dos nuevas tasas; la de presentación extemporánea y la de habilitación de y trámites para rectificación.
