E
l primer juicio por presunta trata de personas que se lleva a cabo en la provincia fue suspendido ayer, sin fecha fija de reanudación, tras la recusación presentada por la defensa de los seis imputados contra los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego que juzgan el caso desde el pasado 26 de agosto.
El pedido de apartamiento de los magistrados obedeció a que el presidente del tribunal, Luis Alberto Giménez, se refirió a una de las 18 mujeres que fue rescatada del local nocturno “Black And White”, en abril de 2012, como “víctima” y no como “testigo” en el momento que prestó declaración, el último miércoles.
La defensa de Víctor Morales, dueño del local y sindicato como supuesto jefe de la banda de tratantes, consideró que el juez había prejuzgado, y en la audiencia de ayer a la tarde recusó al tribunal completo y pidió su separación del caso.
“El Tribunal prejuzgó al utilizar el término víctima y no testigo, lo que muestra un convencimiento adelantado sobre la materia a resolver y conmueve la imparcialidad que deben tener”, fundamentó Raúl Paderne, defensor de Morales y también de los otros cinco imputados sometidos a juicio.
Los jueces realizaron un cuarto intermedio de más de una hora para resolver el planteo y finalmente decidieron rechazarlo, con el argumento de que el uso de la palabra “víctima” constituyó una “cuestión semántica” que “no alcanza para debilitar su deber de imparcialidad”.
“El uso de un lenguaje legal no es causal de recusación”, afirmaron en conjunto los jueces Giménez, Ana María D`alessio y Alejandro Ruggero.
Sin embargo, el tribunal decidió también “seguir el procedimiento en este tipo de casos” y elevar un informe a la Cámara Nacional de Casación Penal para que corrobore esa posición o le dé la razón a la defensa.
“Mientras tanto, la audiencia se suspende sin fecha fija de reanudación” anunciaron los magistrados, pese a la solicitud del fiscal general del distrito, Adrián García Lois, para que el juicio prosiguiera mientras en forma simultánea se decidía sobre la recusación.
La controversia había comenzado el miércoles, cuando una de las mujeres rescatadas, una joven de nacionalidad dominicana, declaró como testigo y acusó a Morales, el dueño del prostíbulo, de haber acudido a su domicilio para intimidarla y que declarara a su favor en el juicio.
El fiscal de la “Procuraduría de Trata y Explotación de Personas” (Protex) Abel Córdoba (que interviene especialmente) requirió entonces la prisión preventiva del acusado, medida a la que el tribunal accedió.
Según el fiscal, la víctima reveló que el hombre irrumpió en su casa y “de manera amenazante intentó instruirla y coaccionarla para que declarara a su favor en el juicio”, lo que la coloca “en riesgo cierto” ya que el caso aún no fue juzgado.
“Una vez más, Morales decidió intimidar a una de las personas más débiles que tiene este proceso”, aseveró Córdoba, y comunicó al tribunal que los dichos dieron lugar a una nueva denuncia que será investigada por separado.
A su vez, Paderne consideró que la detención de su defendido fue infundada, dado que “el debate había concluido” y no existía ni riesgo de fuga ni de entorpecer el desarrollo de la investigación.
La suspensión de la audiencia impidió que se llevara adelante la etapa de alegatos de las partes, prevista para ayer, y difirió también el veredicto del caso que estaba planeado para hoy.
La causa investiga la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad social a través de avisos clasificados en el diario Clarín, y dio lugar a un operativo realizado por Gendarmería Nacional el 27 de abril de 2012, que incluyó varios allanamientos y la clausura del conocido local nocturno de la capital fueguina.
