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l Senado de la Nación dio media sanción el pasado miércoles y giró a Diputados el proyecto que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), que fue impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, que contó con 39 votos a favor y 22 en contra, delega en la decisión de una mayoría parlamentaria la venta de acciones que el Estado tiene en distintas compañías. El eje central del proyecto consiste en que caso de que el Estado quiera desprenderse de las acciones de las empresas en las cuales es socio minoritario, deberá requerir el aval de los dos tercios del Congreso.
La senadora nacional Rosana Bertone (FPV) remarcó que “se trata de un proyecto que defiende el patrimonio que todos los argentinos tienen a través de la participación estatal en empresas”, a lo que sumó que mediante la ANPEE “se propicia proteger las acciones estatales en sectores estratégicos tales como el energético, financiero e industrial”.
Además, la gobernadora electa resaltó que la Agencia “permitirá preservar la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”
Cabe mencionar que la propuesta de ley fue defendida ante un plenario de comisiones por el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, ya que compromete a las acciones que forman parte del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS).
La nueva ANPEE tendrá a su cargo la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La agencia se integrará con un Directorio conformado por un presidente –que será el propio director ejecutivo de ANSES-, dos directores designados por el PEN (uno será el ministro de Economía y el otro el ministro de Industria) y dos directores propuestos por una nueva comisión bicameral -uno por la primera minoría y otro por la segunda-.
Los directores durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelectos por otro período. Entre otras facultades, podrán impartir instrucciones a los administradores designados por el Estado a fin de que “la administración de los negocios sociales resguarde el interés público comprometido en la actuación de la sociedad”.
Según detalló Kicillof, el Estado participa actualmente en 44 empresas y en 27 directorios de esas compañías. De acuerdo al proyecto, el director nombrado por el Estado en cada empresa deberá ser un funcionario público especializado en el área. Además, se creará una comisión bicameral compuesta por ocho diputados y ocho senadores con el fin de hacer un control y seguimiento de la ANPEE.
Esta comisión podrá remover, por mayoría simple, a alguno de sus directores en caso de que cometa un ilícito o incumpla con la Ley de Ética Pública. Pero, si se comprobara un mal desempeño de sus funciones, podrá ser apartado por decisión de las dos terceras partes de los miembros de la bicameral.
La futura ley crea además un Consejo Consultivo, que entre otras cosas deberá convocar anualmente a los integrantes del Directorio de la ANPEE para recibir un informe pormenorizado del estado accionario.
Este Consejo estará integrado por un representante del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Industria, uno de la ANSES y también uno de la CGT, que no estaba incorporado en el texto original pero se añadió durante la sesión.
