E
l fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó ayer que la Justicia aguarda el resultado de los exhortos diplomáticos cursados a diferentes países para ejecutar las medidas cautelares dictadas contra empresas petroleras extranjeras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
Las solicitudes de embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a las compañías, se encuentran “en pleno desarrollo” al igual que “otras medidas probatorias”, aseguró el funcionario judicial.
La causa penal iniciada por autoridades del gobierno argentino en abril de este año, investiga a los directivos de las firmas multinacionales por la presunta comisión de delitos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental del país, sin autorización legal para hacerlo.
La jueza Lilian Herráez dispuso el 25 de junio una serie de medidas de no innovar solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y por la titular de la Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena.
Herráez buscó, de esta forma, “asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados”, además de concretar el “cese inmediato de la comisión del delito”, que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan adelante en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
Rapoport evaluó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación “está trabajando y muy bien” en la concreción de los exhortos diplomáticos, aunque mencionó que son “trámites complejos que llevan su tiempo y son ajenos a la esfera del Poder Judicial”.
El fiscal también precisó que otra de las medidas que se está cumpliendo, en el contexto de la misma causa, es la comunicación sobre la existencia de la investigación a “las distintas bolsas de valores del mundo donde operan las compañías imputadas en el caso”.
“En instancias posteriores se deberán individualizar a los directivos o gerentes de esas empresas para ser llamados a prestar declaración indagatoria”, observó el funcionario judicial.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputan la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", por haber operado “sin autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Los embargos dispuestos por la Justicia fueguina incluyen el secuestro de tres barcos dedicados al relevamiento de datos: el PGS M/V “Ramform Sterling”, PGS “Ramform Titan” y el “Falcon Explorer”, además del “MV Poseidon”, afectado a estudios geoquímicos y de base de líneas de base ambientales. También abarca a la plataforma semisumergible “Eirik Raude” utilizada para hacer perforaciones en el lecho submarino, y al dique flotante “Noble frontier”, afectado a un programa de perforación petrolera en la zona.
Torturas durante la guerra
El Juzgado Federal de Río Grande también investiga, por razones de jurisdicción, otras causas vinculadas con las Islas Malvinas, como la presunta comisión de torturas y otros vejámenes contra soldados por parte de oficiales argentinos y británicos, durante la guerra de 1982.
Al respecto Rapoport mencionó que se aguarda el envío a la provincia de la documentación de la dictadura desclasificada por orden presidencial.
“Todavía no llegó esa información. Proviene de varias reparticiones y entendemos que es bastante voluminosa. Servirá para confirmar lo que ya han declarado testimonialmente los ex combatientes”, indicó el fiscal.
