El caso “Sheik” camino a la instancia oral y pública

Elevaron a juicio la causa por trata de Alika Kinán

05/10/2015
L
a única causa judicial del país en que una víctima del delito de trata de personas se constituyó en querellante contra sus presuntos captores fue elevada a juicio oral y público en Ushuaia, confirmaron ayer fuentes allegadas a la investigación.
El caso remite a un operativo realizado por efectivos de Gendarmería Nacional el 9 de octubre de 2012 en el local nocturno denominado “El Sheik”, cuando fueron liberadas siete mujeres que eran explotadas sexualmente y detenidas tres personas acusadas, luego, del delito de “trata de personas agravado”.
Una de las víctimas, Alika Kinán, se transformó meses más tarde en referente social de la defensa de los derechos de la mujer y actualmente dirige el “Instituto de Género Sapa Kippa” de la capital fueguina, además de prestar testimonio sobre su propia experiencia de vida en congresos y encuentros nacionales e internacionales.
“Kinán comenzó a identificarse públicamente, y a dejar de lado el derecho que le asiste a la protección de su identidad, luego de que un juez de Cámara de Tierra del Fuego la nombrara en un reportaje para explicar por qué no le había concedido un recurso de amparo”, señaló Jorge Pintos, abogado de la mujer.
Pintos confirmó que en la causa contra los presuntos tratantes de su cliente, el juez Federal de Ushuaia Federico Calvete acaba de declarar clausurada la instrucción, por lo que el expediente fue elevado a la instancia oral y pública.
“También se rechazaron varios planteos de nulidad y falta de acción presentados por la defensa de los acusados. Si no hay una instrucción suplementaria u otras medidas que dilaten el procedimiento, el juicio se va a realizar a comienzos del año próximo y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego”, precisó el letrado.
El caso tiene tres imputados que serán enjuiciados en esa oportunidad: Pedro Eduardo Montoya y Claudia Ivana García, el matrimonio sindicado como propietario del local nocturno, y Lucy Alberca Campos, quien oficiaba como la encargada del lugar.
“Hay una segunda parte de la causa que fue desdoblada de la principal porque una de las imputadas, socia de Montoya, no podía ser hallada y recién la encontraron y la indagaron en diciembre de 2014. Para no dilatar el trámite, la situación de esa persona y de otras dos, será juzgada con posterioridad”, reseñó Pintos.
El abogado también mencionó que al verificarse la existencia de más de tres víctimas, y más de tres supuestos victimarios, todos responderán por el delito de “trata de personas agravado”.
El representante legal de Kinán sostuvo que, además de su defendida, en el juicio declararán otras víctimas de trata, “lo que consideramos fundamental para demostrar el esquema de esclavitud al que eran sometidas”, indicó.
“Es la forma de poder recrear desde la captación de las mujeres y el traslado a Ushuaia, hasta su alojamiento y el sistema de sanciones y multas al que eran sometidas durante la explotación sexual”, fundamentó Pintos.
El primer juicio oral y público por el delito de trata de personas en Ushuaia concluyó el pasado 23 de septiembre, cuando la Justicia condenó a penas de entre 3 y 7 años de prisión efectiva a los seis acusados de integrar una banda dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, a través del local nocturno conocido como “Black And White”.
Los especialistas y activistas que presenciaron el proceso habían considerado que la sentencia constituía un “antecedente de peso” de cara a la valoración que la Justicia dará a otros hechos similares sujetos a investigación en la provincia.

Juicio por desalojo

Por otra parte, el abogado informó que la causa judicial por el desalojo de la vivienda social que ocupa Kinán, iniciada por funcionarios del Gobierno provincial, aún continúa y no fue desistida por parte de las autoridades, como había anunciado públicamente la propia gobernadora Fabiana Ríos.
“El caso está en etapa de mediación desde hace varios meses. Hubo cuatro audiencias y dos fueron suspendidas. Alika sigue penando para que no la desaloje el mismo Estado que debería prestarle asistencia. Y de una casa que sigue sin servicio de gas por orden del propio gobierno que no lo autoriza”, reseñó Pintos.
El letrado agregó que en una de las audiencias, tuvo oportunidad de decirle a la ministra de Desarrollo Social, Marisa Montero, que no se habían cumplido “ninguna de las promesas de la gobernadora”, ni de subsidios ni de ayuda para alquilar otra vivienda.
“Es una situación lamentable y burda. La continuidad de la causa penal en el fuero federal nos dará la oportunidad de denunciar por inacción a estos funcionarios, que se niegan a proteger a una víctima del delito de trata tal como establece la ley vigente”, advirtió.
Etiquetas