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l secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente de la provincia, Fabián Boyeras, se refirió a la aprobación de la Ley sobre la relocalización de las canteras en la costa de Río Grande, aprobada sobre tablas en la última sesión de la Legislatura, y aseguró que “no existió articulación alguna” entre el Parlamento y las áreas técnicas de la Secretaría a su cargo.
Boyeras consideró que en ese marco “cabe preguntarse con qué sustento técnico el Cuerpo legislativo definió el nuevo sector de extracción, y cómo puede aseverar que se reducirá significativamente el impacto ambiental sobre el sitio anterior de extracción” refiriéndose a los fundamentos del asunto aprobado en sesión.
Preocupado por el lugar definido por la Legislatura para la reubicación de las canteras de áridos, el funcionario expresó que “el nuevo sitio de extracción que define la Ley está ubicado a solo dos kilómetros del actual, dentro de la Reserva Natural Costa Atlántica, donde existen altos valores de conservación ambiental y paisajísticos” y agregó que “lo más grave, es que dentro de esa franja está el puerto Caleta la Misión y la Misión Salesiana, y como recién hablaba con gente del CADIC y de la UNTDF, hay valores arqueológicos que preservar y una dinámica natural de la costa que, cuando se la altera, tiene repercusiones mucho más allá del lugar de extracción”, advirtió.
Boyeras afirmó que “como dijo el Jefe de Gabinete, esta Ley es un despropósito. Se debió consultar a las áreas técnicas, porque hay un patrimonio, natural, arqueológico ambiental y económico vinculado con la obra del muelle Caleta la Misión, que necesitamos preservar”.
Asimismo el Secretario destacó que desde el Gobierno de la provincia “estamos trabajando y hemos trabajado con los canteristas para buscar una solución de fondo en un marco de sustentabilidad” y en tal sentido aseguró que “reconocemos la necesidad que tiene la comunidad de provisión de áridos, tanto para la obra pública como privada, como así también la necesidad de preservar la actividad de los canteristas y los empleos que sustentan, pero esto no puede ser a cualquier costo”.
El funcionario provincial observó además que la Ley “no contempla la fragilidad del ambiente y la cercanía al centro urbano de Río Grande, al otorgar un período transitorio de explotación de 5 años. Con lo cual cabe preguntarse por qué no de uno, siguiendo el principio precautorio y sujeto a los resultados que arrojen los estudios técnicos” y afirmó que “este criterio permitiría tener un margen de acción, ante una evaluación negativa desde lo ambiental en la extracción costera, dando un plazo razonable para que los canteristas se relocalicen en planicies o morrenas alejadas de la playa, tal como se viene evaluando”.
Sobre el contenido de la nueva la Ley de reubicación de canteras, Boyeras indicó que la norma “crea una comisión de monitoreo, y lo que llama la atención, es que esa comisión está formada por siete canteristas, una representante de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente y un representante del Municipio de Río Grande; y le encarga a esa comisión el monitoreo de la cuestión ambiental, con los estudios de impacto ambiental pertinentes, mientras designa a la Secretaría como Autoridad de Aplicación, en un rol totalmente secundario, cuando debería ser al revés”.
El Secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiente reflexionó sobre la normativa sancionada recientemente en la Legislatura provincial y consideró que “como expresó la gobernadora Fabiana Ríos, se trata de una Ley sancionada sobre tablas que sale a toda prisa, mientras que leyes como la de aguas, que son trascendentales para preservar el recurso hídrico de la provincia, ni siquiera se le da tratamiento, ni siquiera se la discute” cuestionó.
