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or Daniel D`Eramo y Horacio Cao (*)
Pero el impacto lejos estuvo de ser solo cuantitativo y financiero. Se trató además de una crisis de funcionamiento del aparato administrativo del Estado que fue escalando hacia desequilibrios más amplios que llegaron a amenazar los fundamentos de la legitimidad del sistema político provincial.
En tanto soporte instrumental de las reformas, la reestructuración económica y fiscal estuvo acompañada de un discurso que puso foco en la ineficiencia de las burocracias estatales y en la necesidad hacerlas más ágiles y abiertas a la incorporación de lógicas de gestión privada. Este conjunto de ideas conocidas como "Nueva Gestión Pública" (NGP)- se constituyó así en un par inseparable del Consenso de Washington y de las reformas neoliberales. 
Urgidas por la descentralización de la gestión de buena parte de las funciones estales (salud, educación, política social, regulación económica, etc.) las administraciones públicas provinciales debían adoptar los modelos de gestión que sintonizaran con el espíritu de las reformas estatales que se "bajaban" desde la Nación y que operaban como condición “sine qua non” para la obtención de financiamiento.
Dichas políticas debían gestionarse no solo manejando las circunstancias económicas y fiscales sino al mismo tiempo capitalizando y procesando los cambios que operaban sobre las lógicas y modelos de gestión de lo estatal. Dicho en criollo, y citando a Carlos Vilas , “las provincias debieron arreglarse como pudieron”.
Hubo sectores, ámbitos y estructuras -en algunas casos, lo bastante extendidas como para hablar de cambios en la Administración Pública de la provincia en cuestión- que lograron adecuarse a las condiciones imperantes y -sobre todo a partir del financiamiento ofrecido (los programas conocidos como Provincias I y Provincias II)- lograron sacar provecho de la situación. Fueron las excepciones.
Lo normal fue que las nuevas estrategias diseñadas para el cambio organizacional no pudieron hacer pie sobre estructuras organizacionales no consolidadas, que además recibían la sobre exigencia de multiplicar sus funciones a partir de las transferencias de responsabilidades que le llegaban desde la Nación.
Más allá del escaso éxito que tuvieron los injertos de nuevas formas de gerenciamiento privado  y profesional, el patrón histórico clientelar de las burocracias estatales, quedaría profunda y definitivamente alterado. Al problema irresuelto del déficit weberiano de nuestras administraciones provinciales, se agregaba el de la coexistencia caótica con estamentos tecno-burocráticos que habían logrado hacer pie en algunas áreas más receptivas a este tipo de innovación organizacional.
Las diferentes estrategias de fortalecimiento que fueron implementando con mayor o menor éxito los gobiernos provinciales y municipales de Argentina, determinaron un cuadro país heterogéneo en materia de capacidades y competencias de sus administraciones  públicas en el que no obstante se reconoce una estructura común que sin dudas involucra a la Administración Pública de Tierra del Fuego:
a)considerable dispersión de regímenes estatutarios y escalafonarios; b) escasa información estratégica para la toma de decisiones; c) falta de áreas específicas para capacitar y formar; d) carrera administrativa sin norte estratégico y desplegada a partir de normativas de emergencia; e) ausencia de sistemas objetivos e igualitarios para acceder a los cargos públicos; f) políticas de retribuciones sin ninguna lógica particular; g) inexistencia de compromisos de resultados y –por ende– falta de objetivos, metas, plazos y evaluaciones.                
Las consecuencias de las reformas gerenciales de los ’90, dieron sentido a la aparición de una profusa literatura “crítica”, preocupada por analizar y mejorar el desempeño de nuestras administraciones públicas. Las nuevas estrategias recomendaban la adaptación creativa en el marco de estrategias que exigían no perder de vista la interdependencia entre los imperativos organizacionales, institucionales y políticos que hacen a la especificidad de la gestión estatal. 
Dicho en otros términos, la reforma administrativa era necesaria pero debía pensarse y encararse como un componente de la reforma política en la que el rol del Estado, (entendido como articulador de una trama institucional ampliada) y la legitimidad de los gobiernos, (nacional, provinciales y municipales), recuperan la centralidad para encarar y sostener procesos de desarrollo e inclusión que aseguren el bienestar colectivo. Cuanto adelantó TdF en la materia y qué enseñanzas podemos tomar de experiencias exitosas de otras provincias será tema de próximas notas.

* Investigadores de la UNTdF y de la FCE/UBA respectivamente.