E
l Director del Servicio Penitenciario Provincial Sergio Dieguez fue denunciado por privación ilegitima de la libertad y conducta extorsiva, por no liberar a una persona que estaba detenida, al parecer por un olvido de un funcionario penitenciario.
La denuncia se realizó luego que Flora Maciel, una mujer que estaba recluida en Ushuaia estuvo cinco días más en prisión de lo que debía.
Si bien Dieguez inició un sumario a un oficial de la Unidad de Detención Nº 1, de Río Grande, el mismo procurador penitenciario, Francisco Ibarra, anticipo que iba a accionar penalmente contra el Director del Servicio Penitenciario Provincial por esta situación.
En tanto el abogado Francisco Giménez, manifestó a su vez que se entrevistó con el Fiscal Quadrini para ponerlo en conocimiento de lo que sucedió con la mujer que estuvo detenida varios días luego que desde el Servicio Penitenciario no cumpliera una orden judicial. El abogado relató que Dieguez al tomar conocimiento de la situación instruyó un sumario administrativo y pasó a disponibilidad a un oficial de apellido Martin haciéndolo responsable de lo sucedido en la detención ilegal de Flora Maciel.
Giménez indicó que su defendido –el oficial Martin- recibió un oficio, en la unidad penitenciaria, mediante el cual se disponía la libertad de dos personas, un masculino y un femenino. Señaló que Martin cumplió con la medida con respecto a la persona que él tenía bajo su custodia que era Horacio Maciel quien se encontraba en Rio Grande, no así con respecto a la mujer que no estaba bajo su jurisdicción ya que se encontraba detenida en Ushuaia. En este sentido, el abogado remarcó que el juez “mandó un oficio a una cárcel de varones para poner en libertad a una mujer”.
Según expresó Giménez, Martin puso en marcha el mecanismo legal ordenado, es decir le otorgó la libertad a Horacio Maciel y le comunicó a la Dirección del Servicio Penitenciario y a toda la fuerza que se le había dado la libertad a esta persona y no así a Flora Maciel porque no estaba bajo su jurisdicción.
El dr.Giménez expuso que Martin no quería hacer la denuncia “por miedo a represalias”. “Acá hay dos responsables, uno es el juez. Un juez si ordena la libertad debe saber dónde está un detenido, no puede mandar a una cárcel de varones un oficio para que se ponga en libertad a una mujer y tampoco puede pasar cinco días sin saber si se cumplimentó su orden. Por otra parte el Director del Servicio Penitenciario fue puesto en conocimiento de que no se cumplía esa orden porque no estaban en Río Grande sino en Ushuaia. Acá se quiere cortar el hilo por lo más fino y a un joven oficial del Servicio Penitenciario le cargan toda la responsabilidad administrativa cuando esto es directamente del Director del Servicio y también se debe investigar si el juez está comprometido en un caso de privación ilegítima de la libertad”, resaltó el letrado.
