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a querella y la Fiscalía solicitaron ayer condenas de prisión efectiva y en suspenso para 28 de los 34 gremialistas acusados del ataque y la toma de la casa de gobierno de Tierra del Fuego ocurrida en mayo de 2013, durante un conflicto salarial.
La parte querellante pidió cárcel efectiva de hasta 5 años para 8 de los sindicalistas imputados, mientras que la Fiscalía solo pidió la detención de 2 de los acusados, uno de ellos porque cuenta con antecedentes penales anteriores, y para el resto admitió la aplicación de penas de prisión en suspenso.
Los máximos pedidos de pena fueron realizados por el abogado Federico Vidal, representante de 2 de los 19 policías que sufrieron heridas leves y graves durante los enfrentamientos.
Vidal requirió una condena de 4 años de cárcel efectiva para los docentes Horacio Catena (actual secretario del gremio del sector) Alejandro Daniel Gómez, Gastón Héctor Luis Benítez, Héctor Horacio Muñoz y Juan Beltrán Ferreyra, y para los camioneros Ramón Martín Giménez y Víctor Hugo Zuñiga Pérez, todos acusados de las lesiones graves producidas al policía Jonathan Nicolás Dutra.
En tanto, la querella pidió la aplicación de una pena de 5 años de prisión para el camionero Leonardo Alexis Ríos, imputado de lesionar al policía Javier Pérez Soriano golpeándolo con una madera en la cabeza.
Por su parte, los fiscales Guillermo Massimi y Daniel Curtale requirieron 28 condenas, 5 absoluciones y la detención de un integrante del gremio de camioneros, Ricardo Javier Silva, que no se presentó al juicio oral y público y será declarado en rebeldía.
La Fiscalía consideró que el camionero Ríos debería cumplir una pena de 4 años de cárcel efectiva, mientras que concluyó que siete imputados (entre ellos Catena) deberían purgar una condena de 3 años de prisión en suspenso, reglas de conducta y las costas del proceso.
El alegato también incluyó una solicitud de 1 año y 6 meses de prisión para cuatro de los gremialistas (uno de ellos en cárcel efectiva porque registra antecedentes previos) y de 1 año de prisión para otros 14 acusados, entre ellos el secretario general del gremio de Camioneros, Daniel Capdevila.
A su vez, los menores pedidos de condena recayeron sobre otros dos sindicalistas para quienes se requirió una condena de 8 meses de prisión en suspenso.
Los fiscales también evaluaron la totalidad de las evidencias y solicitaron la absolución de los sindicalistas Gabriel Maciel, Christian Schnack, Marcos Ferreyra, Juan Carlos Mallón y Raúl Arce.
El juicio que ayer ingresó en la etapa de alegatos se desarrolló en medio de un paro de actividades determinado por el sindicato docente y de manifestaciones en la puerta de tribunales convocadas por una mesa sindical que nuclea a gremios públicos y privados.
El alegato de las defensas se llevará a cabo mañana, luego de un cuarto intermedio de 24 horas.
Alegato contra la violencia
El fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, dedicó ayer un pasaje de su alegato a explicar que el juicio a gremialistas no “criminaliza la protesta social”, como sostienen desde los sindicatos, sino que busca diferenciar las manifestaciones pacíficas de las ejercidas utilizando como medio a la violencia.
De hecho, el fiscal recordó las causas judiciales en que se persiguieron excesos policiales, y también los pronunciamientos en los que no se consideró delito la ocupación pacífica de edificios públicos, como fue el caso de la Dirección de Rentas ocurrido el 23 de marzo de 2013, poco antes de los incidentes en Casa de Gobierno.
De este modo, Massimi le apuntó a los gremialistas que lo acusan de propiciar condenas “contra un sector”, con independencia de los hechos ocurridos.
La Fiscalía mencionó que el hecho de que hayan existido decenas de manifestaciones gremiales, y que sólo una haya llegado a la instancia de un juicio penal demuestra “la objetividad en el desempeño” de ese ministerio público.
“Suscribimos a la idea de que no hay que criminalizar la protesta. Pero a las remeras que llevan puestas los imputados (“No a la criminalización de la protesta”) le falta la palabra pacífica”, aseveró Massimi, tras enfrentar a los acusados y decirles también que “esta vez se equivocaron, y no los vamos a acompañar”.
“La protesta es un derecho constitucional, pero también existe otros derechos, como el de los policías que ejercen su trabajo y el de propiedad de los bienes del Estado. Todos los derechos deben poder armonizarse”, completó el fiscal antes de citar jurisprudencia y opiniones jurídicas que respaldan esa postura.
