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a Justicia Federal de Río Grande comenzó a tomarles declaración testimonial a las 11 mujeres rescatadas este fin de semana de una vivienda particular donde eran obligadas a prostituirse, en el marco de una investigación penal por el presunto delito de trata de personas, confirmaron fuentes judiciales.
El Fiscal Federal del distrito, Marcelo Rapoport, precisó que las mujeres (6 argentinas, 3 paraguayas y 2 dominicanas, todas mayores de edad) declaran “bajo el sistema de Cámara Gesell”, dentro de un cuarto acondicionado, con la asistencia de psicólogos y asistentes sociales, y la presencia de cámaras que filman cada entrevista.
“El sistema se empezó a utilizar en casos de menores de edad que son víctimas de abuso sexual y ahora se extendió a otros delitos. Busca resguardar a las víctimas para que declaren contenidas y no tengan que volver a exponerse ante un tribunal. Es uno de los cambios a partir de la nueva ley nacional de trata”, relató Rapoport en dialogo con EDFM.
El funcionario judicial explicó que los testimonios serán una “pieza clave” de la investigación para determinar “el grado de vulnerabilidad de las mujeres” y la forma en que llegaron hasta la condición de sometimiento.
Según detalló, no todas las víctimas vivían en la casa que funcionaba como un “privado”, pero la totalidad estaba allí en el momento del procedimiento que realizó personal de Prefectura Naval el pasado sábado.
“Nuestra hipótesis es que llegaron a la isla bajo engaño. Avanzaremos en esa idea a partir del secuestro de documentación que hemos realizado, y de diferentes pruebas. Hay que demostrar cómo fue la etapa de captación y de traslado de las mujeres”, amplió el fiscal.
También mencionó que el perfil de las mujeres rescatadas posee rasgos comunes: la mayoría tienen hijos que han dejado al cuidado de familiares en otros puntos del país o en el exterior, y a los que regularmente le giran algo de dinero.
“Como entran en el régimen prostibulario de explotación, cada vez tienen más deudas y obligaciones con quienes las manejan, y por lo tanto cada vez les resulta más difícil salir de ese círculo”, observó Rapoport.
Las víctimas reciben contención de integrantes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y de la Oficina de Rescate de Personas víctimas del delito de trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“Ellas pueden elegir quedarse en la provincia, y en ese caso se debe articular que puedan habitar una vivienda social y también que tengan algún tipo de salida laboral, o también pueden optar por regresar a sus lugares de origen”, detalló el representante del Ministerio Público.
Detenida con prisión domiciliaria
La única detenida en torno al operativo, una mujer de 30 años cuya identidad no trascendió, prestó declaración indagatoria ante la jueza Federal de Río Grande, Lilian Herráez, al día siguiente de su detención.
Fuentes ligadas al caso indicaron que la imputada sigue detenida hasta que se resuelva su situación procesal, pero con prisión domiciliaria concedida por la magistrada debido a que “tiene un bebé de dos meses de vida al que debe amamantar”.
“Ella era la encargada del privado pero creemos que hay otros involucrados. Apuntamos a llegar a un nivel más alto de responsabilidades, identificando a quienes captaban a las mujeres y las traían a Tierra del Fuego”, aseguró el fiscal.
En esa línea, agregó que el caso viene investigándose desde principios de año, y que si bien existieron varios pedidos anteriores de allanamiento sobre el lugar, la jueza recién decidió la medida en las últimas jornadas.
“Hay tareas de inteligencia policial, escuchas telefónicas y otras evidencias. Todo corrobora hasta el momento la hipótesis de esta fiscalía. Por suerte el procedimiento se hizo y se pudieron rescatar a estas mujeres”, resaltó Rapoport.
El privado allanado por las autoridades funcionaba en una casa antigua situada a una cuadra del Hospital Regional Río Grande y a pocos metros de una sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
Los efectivos de la Prefectura que realizaron el operativo también secuestraron 800 gramos de marihuana y 23 gramos de cocaína, entre otros elementos de interés para la causa.
