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partir de las 14:00 de este viernes 8 de agosto los Legisladores volverán a ocupar sus bancas en el marco una nueva sesión especial que fue solicitada por los 8 parlamentarios que integran el bloque oficialista.
La convocatoria formalizada ayer por el Vicegobernador y Presidente de la Cámara legislativa, Juan Carlos Arcando, contempla el tratamiento y segura aprobación de un paquete de leyes de gran trascendencia política e institucional para la Provincia, el que ya habría sido acordado parcialmente con un sector de la oposición.
Entre los asuntos que integrarían el orden del día de esta sesión especial, que marcaría el cierre de la actividad legislativa hasta el martes 1 de marzo, figuran la declaración de emergencia del sistema de la seguridad social por 2 años; la modificación del régimen de jubilaciones y pensiones y del régimen único de pensiones especiales (RUPE). Además se abordarán los proyectos de creación de la Obra Social de la Provincia y de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego, lo que marcará la desaparición del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social que fuera tan cuestionado por los gremios cuando fue creado durante la gestión del gobernador Manfredotti y que hoy es defendido en su continuidad por esos mismos sectores sindicales, situación que tendrá lugar a partir de la fecha en que venzan los mandatos de los actuales Directores del organismo.
En lo que hace al paquete de leyes referidas al sistema de la seguridad social, el de declaración de emergencia contemplará, entre otras cuestiones, la creación de un fondo solidario para el pago de jubilaciones que se conformará con un aporte extraordinario general del 1%, un aporte extraordinario sobre los beneficios jubilatorios de mayor monto, como así también sobre aquellos que hayan sido concedidos a trabajadores de menos edad que la determinada en el régimen ordinario, y con el incremento al 23% de los aportes de los funcionarios políticos.
En tanto, la modificación del régimen jubilatorio avanza sobre el mecanismo de determinación de haber jubilatorio, unificación de la edad de acceso a la pasividad para mujeres y varones en 60 años, de manera escalonada, y eliminación del régimen de 25 inviernos. La propuesta también introduce cambios al régimen jubilatorio del sector docente.
En materia de deuda con el sistema previsional se plantea consolidar la corriente para su cancelación en un plazo de 180 meses. En tanto que en lo que hace a la denominada deuda histórica de 108 millones de dólares, se propone su actualización por tasa libor y la emisión de un bono de fortalecimiento previsional que se afectaría a la constitución de un fideicomiso para la construcción de viviendas, cuyo recupero ingresaría a un fondo de sostenimiento del régimen previsional que se integraría también con parte de las ganancias que genere el Banco de la Provincia.
Por otra parte se sancionará una ley que crea la agencia de recaudación de la Provincia, que nucleará a la Dirección de Rentas y a la de Catastro, un nuevo código fiscal y la modificación de la ley impositiva. Este conjunto de tres normas apunta a mejorar el funcionamiento del área de Rentas y a dotar a la nueva agencia de herramientas que le permitan combatir de manera más eficiente la evasión y elusión fiscal en Tierra del Fuego, como así ampliar la base de contribuyentes. Las fuentes consultadas señalaron incluso que se incrementará la presión tributaría sobre actividades no productivas, tales como la intermediación financiera.
Durante la tarde de ayer, desde el Poder Ejecutivo se informó la remisión a la Legislatura del proyecto de reforma del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS).
Se indicó que se esa manera la gobernadora Bertone da cumplimiento a uno de los compromisos que asumió durante la campaña electoral. Precisa que la propuesta no contempla la trasferencia del sistema previsional fueguino al nacional y que mantiene el 82 por ciento móvil del haber jubilatorio respecto del de actividad.
Se señala que “la iniciativa corrige la distorsión de un sistema injusto, a tal punto que apenas unos mil jubilados perciben en conjunto el equivalente al presupuesto anual de la Municipalidad de Tolhuin”.
La reforma del IPAUSS y la opinión pública
Promediando el mes de agosto del pasado año y en función a los planteos públicos que se generaban por la realidad que atravesaba el Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), que lo llevaron a sumirse en una crítica situación que generó conflictos no sólo con los proveedores sino con los beneficiarios del régimen jubilatorio, provocando profundas divisiones tanto entre los representantes de los sectores que componen el Directorio del organismo como así también entre sectores gremiales y beneficiarios actuales y futuros que pujan por mantener el statu quo de los beneficios y condiciones existentes en la actualidad, en contra del planteo de quienes piensan que el sistema es económica y financieramente inviable de mantenerse las actuales condiciones, desde este medio publicábamos una encuesta efectuada para relevar la percepción que la ciudanía en general tenía sobre el tema en cuestión.
A continuación reeditamos las principales conclusiones que se desprendían del análisis de los resultados.
El 63% afirmaba estar en desacuerdo con que haya jubilados de 50 años o menores (nótese que entre los empleados del sector público, este porcentaje se ubicaba en el 55%, mientras que entre los privados superaba el 64%, y entre los jubilados el 76%)
El 52% opinaba que la edad para jubilarse debe estar por encima de los 55 años (42% entre los empleados del sector público, 64% entre los del sector privado, 58% entre los actuales jubilados)
Un 53% decía que debería aumentarse la edad jubilatoria ordinaria de los empleados públicos, 38% que no. (aquí podría interpretarse que entre quienes contestaron positivamente, el 58% dice que debería aumentarse).
Entre los trabajadores del sector público, este porcentaje se ubicaba en el 47%, mientras que para los trabajadores privados y los actuales jubilados este porcentaje se elevaba hasta casi el 60%.
Con respecto a los 25 inviernos, el 53% sostenía que debía derogarse, el 28% modificarse, y el 15% mantenerse (es decir que el 81% se manifestaba contrario a mantener el actual régimen de 25 inviernos)
Sólo el 19,8% de los empleados públicos sostenía que debía mantenerse el régimen de 25 inviernos
En cuanto a los jubilados que viven fuera de TDF, el 30% afirmaba que debía seguir pagándoseles la zona, un 65% opinaba que debe hacerse un descuento (26%) o no pagarles ese item (39%) |
