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l proyecto elaborado por los mopofista Löffler y Bioyadjián que propone suspender por 90 días la vigencia del denominado paquete de leyes de reforma  previsional, la creación de una “Mesa de Diálogo para el fortalecimiento y adecuación del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia”  para la discusión y debate de las reformas necesarias al Sistema de la Seguridad Social y la  derogación de las mencionadas normas en caso de que en el plazo previsto no se alcancen acuerdos, no contaba al día de ayer con el respaldo necesario para su posible aprobación legislativa.
Tampoco estaba garantizado que el pedido de sesión espacial que presentaron Löffler y Boyadjián cosechara el número de firmas necesarias para que esa convocatoria pudiera formalizarse.
En principio, este pedido contaría únicamente con el respaldo de los mencionados parlamentarias, motivo por el cual la nota plantea que la pretendida sesión se realice 48 horas después de que la solicitud sea rubricada por otros 3 legisladores, con lo que alcanzaría las 5 firmas que exige el Reglamento Interno de Cámara para que tenga viabilidad.
La propuesta propone suspender por el término de 90 días la vigencia de las leyes 1068 (que declaró la emergencia del sistema de la seguridad social por 2 años); 1070 (de creación de la Caja de Previsión Social); 1071 (de creación de la Obra Social); 1072 (modificación del Régimen Único de Pensiones Especiales) y 1076, que introdujo reformas al régimen de jubilaciones y pensiones para el personal de los tres poderes del estado provincial, y crear “un espacio institucionalizado de diálogo, denominado “Mesa de Diálogo para el fortalecimiento y adecuación del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia”, mediante la cual se formalizará un mecanismo de participación incluyente, transparente y democrático entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los Departamentos Ejecutivos Municipales y las distintas organizaciones que representan a los trabajadores activos y pasivos del sector público provincial; para la discusión y debate de las reformas necesarias al Sistema de la Seguridad Social de la Provincia”, que funcionará mientras dure la suspensión de las referidas leyes. La iniciativa determina que vencido ese plazo  “sin que se hubiesen logrado los consensos y/o acuerdos sobre las reformas legislativas necesarias para el fortalecimiento y adecuación del Sistema de la Seguridad Social de la Provincia; quedarán automáticamente derogadas las leyes provinciales 1068, 1070, 1071, 1072 y 1076; y toda norma dictada en su consecuencia”.
Un primer relevamiento realizado por EDFM entre referentes de los distintas bancadas políticas arrojó que los parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, no consideran viable aprobar una ley de las características de la que impulsan Löffller y Boyadjián. Las mayores objeciones las cosecha el artículo que dispone que en caso de que no haya acuerdo en la “Mesa de Diálogo” las leyes queden automáticamente derogadas.
Si bien algunas de las fuentes consultadas no consideraron desacertado poder plantear la suspensión de la vigencia de las leyes cuestionadas para habilitar una instancia de diálogo que descomprima el actual conflicto, entendieron que la cláusula gatillo que propone la derogación de la leyes resulta contraría al objetivo que dice perseguir el proyecto, la búsqueda de consensos en torno de las reformas necesarias al sistema de la Seguridad Social de la Provincia, ya que los sectores sindicales que durante años se han manifestado en contra de modificar el régimen jubilatorio, deberían limitarse a sostener esa misma postura durante 90 días para garantizarse la continuidad del sistema tal estaba concebido hasta el pasado 8 de enero.
Por ello interpretaron que resultaría más adecuado plantear que en caso de que no haya acuerdo, las cuestionadas leyes sigan vigentes, de manera de fijar un condicionante concreto para que los gremios estatales accedan a introducir cambios que garanticen la sustentabilidad del sistema de la seguridad social.
Pero más allá de esa consideración, también hubo coincidencia en la conveniencia de que cualquier decisión que se tome al respecto cuente con el acuerdo del Ejecutivo, para evitar que una eventual aprobación del proyecto Löffler, o de uno similar, que derive en un veto por parte de la Gobernadora, reavive la llama del conflicto.
Es de tener en cuenta que el proyecto Löffler-Boyadjián nada plantea respecto de las normas de corte tributario que fueran sancionadas también en la sesión del viernes 8 de enero, mediante las que se creó la Agencia de Recaudación Fueguina y se modificó el esquema de determinación y percepción del impuesto inmobiliario urbano, entre otras cuestiones.