l juez Laboral Guillermo Penza rechazó una medida cautelar interpuesta por el sindicato SUTEF para que el Gobierno provincial se abstenga de realizar descuentos salariales en concepto de exceso de permisos gremiales.
El juez consideró que el hecho de notificar previamente el exceso de los permisos gremiales no implicaría una afectación para quienes usufructuan los mismos.
En un párrafo de la sentencia se manifiesta: “Asimismo, si como lo expone el propio presentante el actuar de la Administración (respecto del quantum de crédito horario) se advierte prima facie ajustado a las normas legales formales vigentes y al contenido de los pactos y convenios celebrados entre las partes, ello claramente interfiere con los citados recaudos de procedencia de la medida cautelar. Es decir, que si la notificación opera como una prevención ajustada prima facie al convenio vigente entre las partes, su desconocimiento por el reclamante que potencialmente puede irrogar una afectación del salario, no resultaría directamente imputable a la administración”.
El juez cita más adelante un fallo de APOC contra el Tribunal de Cuentas: “En otras palabras, es un factor coyuntural vinculado a la condición gremial del trabajador acreedor al beneficio que no se incorpora al contrato de trabajo, pero tiene la virtualidad de modificar, y por el lapso del mandato, en algunos casos, parcialmente la prestación laboral..Consideraciones análogas sirven para descartar la configuración de un derecho adquirido al amparo del art. 17 de la Constitución Nacional que invoca la recurrente. Es que, el desempeño de funciones sindicales es una condición accidental sujeta a plazo, y la concesión de un crédito horario otorgado a título precario y sujeto a razones de servicio y al mantenimiento de las condiciones fácticas que lo motivaron, no importa un derecho adquirido con los alcances pretendidos”.
El Gobierno destacó los fallos de Penza
Desde el Gobierno Provincial festejaron los fallos y emitieron un comunicado oficial bajo el título: “Nuevos fallos judiciales a favor del Gobierno”.
Además de citar la sentencia en contra del SUTEF, la comunicación oficial mencionó otro fallo que rechazó el planteo de un trabajador estatal de obras sanitarias.
Concretamente reprodujeron parte de la sentencia del rechazo a la medida cautelar solicitada por el empleado de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios -acompañado por el dirigente de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba-, en la causa caratulada “Bernal Guillermo y otro c/DPOSS s/sumarísimo”.
El Gobierno destacó que al respecto el Juez consideró que la petición es “inadmisible” en virtud de que se estaría “adelantando el resultado de un proceso”; es decir “la cuestión de fondo”, siendo que “no demuestra el perjuicio irreparable que devendría de la denegatoria de la cautelar pretendida”.
Penza desestimó el argumento de tutela sindical planteado por el accionante, al señalar que la candidatura de éste para delegado de ATE ni siquiera fue notificada al empleador, por la situación administrativa en la que la sumió el conflicto que lleva adelante la propia entidad gremial, y “la notificación constituye un requisito sustancial para el goce de la tutela sindical”.
En cuanto a la baja, advirtió que en el acto que dispone su desvinculación del organismo descentralizado “se hace mención a la vigencia del plazo de la relación (laboral), el que no superaría el año” y observó, inclusive, que “la Ley de Asociaciones Sindicales exige un año continuado en el cargo como requisito para ser delegado”, con lo cual su candidatura también sería irregular.
Cabe señalar que ATE intentó realizar elecciones de delegados en numerosas dependencias provinciales, lo que fue impugnado ante el Ministerio de Trabajo Provincial, en violación de los procedimientos que establece la ley de Asociaciones Sindicales.
Según se indicó desde el Ejecutivo Provincial, en la DPOSS por ejemplo, ATE pretende tener un delegado por cada oficina mientras que la Ley establece 1 por cada 50 trabajadores.
