n suboficial principal de la Armada Argentina está siendo investigado por la Justicia provincial a partir de las reiteradas denuncias de acoso sexual realizadas por una mujer que se desempeñó como tropa voluntaria y ahora es personal civil de la fuerza, dentro de la Base Naval Ushuaia.
La mujer reveló que mientras la causa penal contra el militar no registra avances, la Armada le dio la espalda y la instó a que no denunciara el caso, e incluso la despidió de su trabajo y quiso echarla de la casa de servicio que habita, aunque logró revertir la situación a través de amparos judiciales y ahora se encuentra usufructuando una licencia psiquiátrica.
"Quiero que mi caso siente precedente. Que no se siga abusando de nosotras en la Fuerza, ni en ningún lugar", afirmó la mujer identificada con el nombre de fantasía “Lucía” por un cable de la agencia oficial Télam donde se reveló el hecho.
Lucía contó que vive con su hijo adolescente y que “quiere quedarse en Tierra del Fuego” a pesar de lo ocurrido.
La denuncia no fue presentada solamente ante la Justicia, sino también ante el Ministerio de Defensa de la Nación, donde se abrió un expediente administrativo. La Dirección de Políticas de Género (DPG) dependiente de esa Cartera nacional abrió una investigación el 5 de octubre del año pasado.
Allí está especificado que ella, en 2013, se desempeñaba como “marinero” (figura como masculino en el documento oficial) dentro de la llamada “tropa voluntaria”, cuando sufrió el primer acoso por parte de su superior inmediato, identificado como “RC”.
La mujer realizó la primera denuncia formal en septiembre de 2015, y "puede definirse como un acoso sexual, aunque el Código Penal la regula dentro de la figura del abuso sexual”, explicó su abogado, Jorge Hernández.
El letrado contó que hubo "una cuestión de competencias porque los hechos ocurrieron en la Base Naval Ushuaia", hasta que finalmente se hizo cargo la Justicia provincial.
La causa quedó a cargo del juez Javier de Gamas Soler, quien “realizó algunas diligencias hasta que finalmente dispuso la reserva de las actuaciones por falta de pruebas", sostuvo Hernández.
“La investigación no avanzó a pesar de las pericias psicológicas que me hicieron y de que compañeros de trabajo se animaron a testificar", señaló Lucía.
"Injusticia en la Armada e injusticia en la Justicia. Eso es lo que tengo hasta ahora", agregó.
Sin casa y sin trabajo
Según recordó la mujer, fue marinera entre 2011 y 2014, y entonces le dijeron que había alcanzado la edad límite y que le tenían que dar la baja. Pero la edad límite es 28 años y ella tenía 26, y un hijo con una enfermedad crónica al que debía llevar al Hospital Garraham con frecuencia.
La baja significaba que se quedaba sin trabajo, sin obra social y sin vivienda, ya que la casa se la suministraba la Armada.
Lucía recurrió entonces a la Justicia y logró que la Fuerza la tomara como personal civil, con un contrato de cuatro meses.
El 19 de noviembre de 2015, la DPG hizo reiterados pedidos a la Armada para que normalice la situación de la mujer, que venía recibiendo notificaciones de desalojo.
"Finalmente, con intervención directa del Ministro de Defensa, Julio Martinez, me reincorporaron al trabajo y tengo casa", relató Lucía, quien sostiene que mientras soportaba estos trámites convivía con el maltrato.
"Apenas volví a trabajar, RC comenzó otra vez con el acoso: “vas a estar conmigo o te vas a seguir haciendo la difícil”, me dijo; y me amenazó con echarme, porque me dijo que él es el que tiene poder. También les decía a mis compañeros que me hostigaran", recordó.
También mencionó que cuando fue a la Oficina de Género de la Armada en Tierra del Fuego le preguntaron: "¿Vos lo seducís? Porque tenés los pechos grandes". Su conclusión es clara: "Siempre me culparon".
¿Más casos?
Lucía está agradecida con el equipo de la Dirección de Género del Ministerio de Defensa, con la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Ushuaia, con su psicóloga y con su nuevo abogado. Dice que es la red que está tejiendo para sostenerse, porque está con licencia psiquiátrica laboral debido a ataques de pánico, insomnio y dolencias físicas.
Lucía no quiere contar detalles del abuso, prefiere que lo haga su abogado, quien precisó que el suboficial “llegó a encerrarla en una oficina para intentar abusar de ella, tocándola, poniéndola contra la pared e incluso amenazándola y utilizando la fuerza, lo que le generó moretones en algunas partes del cuerpo”.
Hernández hace poco que se hizo cargo de la defensa de la mujer. Lo que intenta ahora es que la causa penal salga del estado de reserva y se encuadre en un caso de violencia de género "por el ámbito donde se produjo, porque se extendió en el tiempo y porque produjo daños psicológicos graves”, detalló
Carolina Urtea, titular de la Dirección de Género del Ministerio de Defensa, confirmó a Télam que la Armada designó un auditor, que el acusado fue traslado a otro destino en la misma provincia y que siguen acompañando a la víctima.
Por su parte el abogado indicó que "hay otras mujeres a las que le pasó lo mismo y tuvieron que renunciar ante la imposibilidad de denunciarlo”.
"Hay varias que se callan por miedo. No quiero que esto siga pasando", coincidió Lucía.
Urtea recordó que en el mail [email protected] "recibimos denuncias, asesoramos, acompañamos y garantizamos confidencialidad".
"No soy la que era", reconoció Lucía, y concluyó que “la Armada y el Poder Judicial tienen ahora la palabra”.
