tendiendo a las particularidades climáticas que presenta la Provincia durante el invierno y para evitar las disvaliosas consecuencias que el aumento de la nueva tarifa de gas traerá aparejadas para la actividad comercial y la economía familiar, los legisladores del MPF, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, pretenden que el Estado fueguino subsidie “hasta en un 50% el consumo de gas natural por redes” de los usuarios de tipo residencial y comercial, como así también que este beneficio alcance al gas utilizado para generación eléctrica y al gas natural comprimido (GNC).
De acuerdo al proyecto de ley que presentaron el martes de esta semana, el beneficio regirá entre los meses de mayo y septiembre de este año, pero no tendrá carácter general ya que será el ministerio de Economía, como autoridad de aplicación de la norma, quien deberá “bajo el imperio de criterios objetivos de elegibilidad, en especial, ingresos del grupo familiar y estructura de costos de los comercios, determinar” qué consumidores se verán alcanzados por el beneficiario del subsidio.
Proponen que para atender la erogación que devenga de la aplicación del subsidio, el Ejecutivo afecte “los ingresos que en concepto de coparticipación se obtengan de la eliminación de la detracción del 15% de la masa de Impuestos Coparticipables pactada en la Cláusula Primera del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” que fuera rubricado en 1992, y que a fines del año pasado la Corte Suprema de Justicia determinó debía dejar de practicarse, a la vez que ordenó que la Nación proceda a devolver los montos retenidos desde el año 2006.
Además, y como solución de fondo al aumento de la tarifa de gas, requieren que el Ejecutivo Fueguino reclame al Gobierno nacional que incremente el monto del subsidio “a los usuarios residenciales de gas por red y gas licuado de petróleo envasado y a granel destinados a la Provincia provenientes del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas” que fuera establecido en la ley de presupuesto nacional 2002, que fijó un recargo de hasta un 7,5% sobre el precio del gas natural por metro cúbico a aplicar a la totalidad de los metros cúbicos que se consuman o comercialicen por redes o ductos en el Territorio Nacional cualquiera fuera el uso o utilización final del mismo, previendo la posibilidad de que se eleve hasta un 20%.
En ese marco también invitan “a los diputados y senadores por la Provincia a que, en forma conjunta y coordinada con el Poder Ejecutivo, lleven a cabo las acciones políticas y legislativas correspondientes” a fin de alcanzar ese objetivo.
Sustentan la iniciativa en el hecho de que el aumento tarifario autorizado, que oscila entre el 600% para usuarios residenciales y el 2000% para los comerciales “ha provocado una preocupante situación social” que se se suma al “marco social complejo” qu vive la provincia “en virtud de la crítica situación económica en que los fueguinos nos vemos incursos y que, día a día, se ve reflejada en pérdidas de puestos laborales, altos índices inflacionarios, disminución del consumo interno”.
Agregan que debe tenerse en consideración también que al tener la “Cooperativa Eléctrica de Río Grande y la Dirección Provincial de Energía sus usinas generadoras de electricidad alimentadas con el servicio de gas por red, el señalado aumento de las tarifas de gas actuará como causa eficiente para el aumento de similar
envergadura en las tarifas eléctricas”.
Los parlamentarios cuestionan que la suba de la tarifa haya sido “adoptada a espaldas de los fueguinos” y demostrando total desconocimiento e ignorancia respecto de la “necesidad del uso del servicio de gas que tenemos en razón de nuestra austral ubicación geográfica”, la califican de “desacertada” y objetan que con esa “decisión política” el Gobierno nacional “pretende transferirnos a cada uno de nosotros el costo del déficit energético nacional con el ánimo e intención de garantizarle a las empresas licenciatarias una solvente ecuación financiera para poder cumplir con la ejecución del plan de inversiones correspondiente al presente año, afrontar sus gastos de operación y mantenimiento, administración y comercialización, y dar cumplimiento a los vencimientos de las obligaciones contraídas”.
Señalan además que la anunciada “tarifa social” prevista por Nación para atender la situación de lo sectores más vulnerables tendrá “nula incidencia” en la Provincia.
Es de tener en cuenta que por la decisión mayoritaria de los legisladores de no sesionar no hay fecha cierta para que el proyecto en cuestión tome estado parlamentario, sea analizado en comisión y posteriormente tratado en sesión.
