l conflicto entre sindicatos estatales y el gobierno de Tierra del Fuego, que hoy cumple 80 días consecutivos, tiene como eje el quebranto del régimen previsional fueguino, un tema que arrastran las distintas gestiones gubernamentales de la provincia desde hace 16 años y que detonó cuando los recursos del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social (IPAUSS) dejaron de ser suficientes para pagarles sus haberes mensuales a los casi 6000 jubilados que tiene el sistema.
La crisis del régimen jubilatorio se dimensiona por sus cifras: el IPAUSS tiene un presupuesto en jubilaciones de $2500 millones, similar, por ejemplo, al de la municipalidad de Bahía Blanca o de Almirante Brown.
Según cifras oficiales, la jubilación promedio que paga el sistema es de $35 mil por mes, con casos extremos de haberes superiores a los $150 mil, por lo general de ex jueces jubilados por un régimen especial en el año 2000.
También existe una concentración de recursos en los haberes más altos: solo 1450 jubilados (el 25% del total) insume $1200 millones (la mitad del presupuesto) equivalente al presupuesto anual de la Municipalidad de Ushuaia.
Pero los números no siempre fueron los que desencadenaron la crisis actual, y los que tienen en vilo a toda la sociedad fueguina desde comienzos de marzo, cuando empezó un paro por tiempo indeterminado contra el paquete de leyes impulsado por la gobernadora Rosana Bertone, para modificar la situación.
En la década del 90 el ex Instituto Provincial de Previsión Social (IPPS) gozaba de buena salud, con una relación entre aportantes y jubilados que arrojaba superávit y que le permitía a sus directores ahorrar en plazos fijos y cuentas corrientes del Banco de Tierra del Fuego (BTF).
Sin embargo, un manejo irregular de la cartera crediticia, en época del ex gobernador José Estabillo (del Movimiento Popular Fueguino) llevó a que el banco no pudiera garantizar sus depósitos y quedara al borde de la quiebra.
La jueza penal de Ushuaia, María cristina Barrionuevo, que investigó los casos de préstamos del BTF otorgados a empresarios y comerciantes allegados a la gestión mopofista, sin ningún tipo de garantías, sostuvo en un fallo que la entidad se había desempeñado como “un banco para los amigos”.
El sucesor de Estabillo fue el justicialista Carlos Manfredotti, quien en el año 2000 tomó dos determinaciones que vincularon al BTF con el Instituto de Previsión Social.
Por un lado, admitió que 208 millones de dólares depositados por el Instituto en el banco, ya no estaban allí, producto de los manejos irregulares con la cartera crediticia, y entonces estatizó la deuda para evitar el quiebre (o la privatización) del BTF.
Por otra parte, Manfredotti resolvió unificar la caja jubilatoria con el Instituto de Servicios Sociales, creando el actual IPAUSS.
Desde entonces, el Estado provincial se convirtió en el principal deudor del sistema previsional, agregando, además, a la deuda “histórica” (los 208 millones de dólares) otra por aportes y contribuciones que se fueron acumulando en los años posteriores.
A la par de los inconvenientes financieros, el régimen jubilatorio también creció en privilegios y en ventajas comparativas respecto de los sistemas vigentes en el resto del país.
Manfredotti aprobó en 2000 un “régimen de jubilación anticipada”, que le permitió a un grupo de ex jueces del máximo nivel (entre ellos los tres miembros del Superior Tribunal) jubilarse con sólo 5 años de aportes al sistema.
Esos magistrados cobran actualmente entre $100.000 y $150.000 mensuales de jubilación, las más altas del IPAUSS y las que más irritan al resto de los jubilados que, a consecuencia de la crisis, perciben sus haberes en varios tramos.
Por su parte, el ex gobernador Hugo Cóccaro impulsó a fines de 2007 varias reformas jubilatorias, en complicidad con un grupo de legisladores que tenía intereses creados, porque muchos terminaron jubilándose gracias a esas modificaciones legales.
El llamado “régimen de los 25 inviernos” autorizó jubilaciones sin límite de edad, y con el único requisito de contar con 25 años de aportes, lo que derivó en cientos de jubilados con edades de entre 45 y 50 años.
La reforma aprobada en enero de este año tiende a equilibrar esos desfasajes: la edad jubilatoria fue subida a 60 años para hombres y mujeres, aunque de manera paulatina (recién se hará efectiva por completo en 2035) y los docentes se jubilan con 50 años, 20 de aportes y 10 frente al grado.
El haber jubilatorio dejó de calcularse como el mejor sueldo de los últimos 24 meses laborales, y pasó a estimarse como el promedio de las remuneraciones de los últimos diez años.
Aun así, el IPAUSS sigue teniendo un déficit mensual, estructural, de $40 millones, según estiman las autoridades, y las cuentas no volverán a equilibrarse hasta dentro de 20 años.
Especialistas como la psicóloga social Patricia Caporalín, observan que el conflicto caló hondo en el “proyecto de vida” de muchos fueguinos, esperanzados con jubilarse a edad temprana para regresar a sus lugares de origen.
En razones de ese tipo, más ligadas a los que algunos llaman “el final de la isla de la fantasía”, se puede explicar un conflicto que todavía tiene a 3680 chicos sin clases, y que incluyó un corte de ruta nacional, el bloqueo de la planta de combustibles que abastece a la provincia, acampes frente a la casa de gobierno, escraches y agresión a funcionarios, como la que sufrió el vicegobernador Juan Carlos Arcando, a la salida de un acto público.
Todo ello en los 80 días del conflicto más extenso del que tenga memoria la historia de Tierra del Fuego.
