l fiscal Federal de Ushuaia, Juan Arturo Soria, dispuso ayer el inicio de una causa judicial para analizar las propiedades, empresas y negocios de Lázaro Báez en Tierra del Fuego, a partir del resultado de una investigación periodística que publicó ayer EDFM.
Soria actuó de oficio a raíz de las publicaciones efectuadas por la agencia Télam el sábado y domingo pasado, que repercutieron luego en radios, portales y medios gráficos de la provincia y del resto del país.
Fuentes del Ministerio Público señalaron que la investigación podría tener un carácter previo a la remisión de las actuaciones al fiscal Guillermo Marijuan, o al juez Federal Sebastián Casanello, que investigan por lavado de dinero al empresario santacruceño detenido desde el mes pasado.
Una de las primeras medidas adoptadas por el fiscal Soria fue la citación, para prestar declaración testimonial, al corresponsal de Télam en Tierra del Fuego que firmó las notas periodísticas sobre el patrimonio de Báez. El periodista Gabriel Ramonet declarará mañana a las 14 en la Fiscalía.
Marijuan había señalado el sábado que la Justicia Federal ya tiene detectadas ocho propiedades de Lázaro Báez en la provincia más austral del país.
El relevamiento periodístico de Télam descubrió que una de ellas es el edificio Ushuaia Tower, ubicado en la calle Rivadavia 130, pleno centro de la capital fueguina.
El segundo piso completo de ese inmueble, compuesto de ocho departamentos, está alquilado como sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, y cinco de las unidades funcionales pertenecen a dos empresas vinculadas con Báez: Patagonia Financial Services y Antonio Ramfos, integrante de Credisol SA.
Por otra parte, Télam detectó que la agencia de autos usados Proyect One funciona en un edificio de Río Grande que está a nombre de MyP SA, ligada a Báez, y que en esa ciudad se encuentra un inmueble perteneciente a Alem Servicio Integral, la conocida cadena de gomerías comprada por el grupo Báez, que además tiene otra propiedad en Ushuaia.
A su vez, las empresas Badial SA y Hostería Petrel SA, con las que el ex empleado del Banco de Santa Cruz compró propiedades para emprendimientos turísticos en el municipio de Tolhuin, también tienen domicilio en Río Grande.
Ríos: “Cóccaro intercedió por Báez”
La ex gobernadora Fabiana Ríos afirmó ayer que su antecesor en el cargo, Hugo Cóccaro, intercedió a favor del empresario santacruceño Lázaro Báez para lograr la concesión de un área hidrocarburífera de la provincia en 2007, y que le recordó que Báez era “un empresario amigo del presidente”, en referencia a Néstor Kirchner.
El contexto de aquel episodio fue la transición entre la gestión saliente de Cóccaro, y la entrante de Ríos, que había ganado los comicios de mediados de 2007 pero aún no había asumido en el cargo.
La empresa Epsur SA, propiedad de Báez, había presentado una oferta por iniciativa privada, para quedarse con la concesión del área hidrocarburífera CA12, ubicada en el centro geográfico de la isla.
“Después de que nosotros habíamos ganado la elección, Cóccaro firma un decreto adjudicando el área hidrocarburífera a Epsur, usando una figura, como la iniciativa privada, que es de la obra pública, no de la actividad petrolera, porque las concesiones de ese tipo están regidas por la ley de hidrocarburos”, contó Ríos en diálogo con EDFM.
También agregó que ella tuvo que presentarse ante la Fiscalía de Estado de la provincia, para solicitar la anulación del acto de concesión, algo que no fue necesario porque Cóccaro la llamó por teléfono para comunicarle que Báez había desistido de la oferta y que se retiraba del negocio.
“Cóccaro me llama y me dice: lo que vos tenés que saber es que Epsur es de Lázaro Báez. Yo lo conozco, es un empresario amigo del Presidente”, recordó Ríos que Cóccaro le dijo en aquélla conversación.
La ex gobernadora fueguina señaló, incluso, que le pareció que Cóccaro actuaba “como una especie de gestor de Báez”, y que ella le contestó que “no importa de quién es la empresa, sino que no se le puede adjudicar por un mecanismo inadecuado”.
El área CA12 fue licitada después por la gestión de Ríos, aunque el proceso fue declarado desierto porque no conformaron las ofertas de las empresas Roch e YPF.
Por otra parte, Ríos calificó como “un garrón” haber volado “dos veces” en aviones de la empresa Top Air, propiedad de Báez.
Explicó que la empresa usaba un hangar del Aeropuerto de Ushuaia y que ofrecieron hacer vuelos para la provincia a cambio del combustible JP1 que usan los aviones.
“Era muy difícil explicarle al gobierno nacional cuando llamaban a la tarde para que estuviéramos a la mañana siguiente en Buenos Aires, y ya había partido el último vuelo de línea. Subí dos veces al avión. Y poco después de la segunda apareció el informe periodístico sobre el movimiento de dinero y las sospechas sobre Báez”, relató Ríos.
A partir de ese momento, recordó que se comunicó con su ministro de Gobierno y le pidió explicaciones, ya que “no sabía que estaba volando en una empresa de Lázaro”.
“Le dije a mi ministro que no me explique más nada, que se presentara al juez a dar explicaciones y que sacara ese avión del hangar de Ushuaia. Fue así, debut y despedida”, resumió la ex mandataria.
También negó que el avión de Top Air, por estar afectado a vuelos oficiales, tuviera menos controles: “en Aeroparque están los mismos controles. A mí me han revisado el equipaje en una cinta, siendo gobernadora. No es verdad que tuvieran pase libre”, indicó.
