os cien días consecutivos de paro que se cumplieron ayer en el conflicto entre el gobierno de Tierra del Fuego y un grupo de sindicatos estatales, por la vigencia de una reforma previsional, se caracterizaron por la reiteración de episodios violentos, con personas heridas, detenidos y múltiples derivaciones en la justicia penal.
El corte por diez días de la Ruta Nacional Nº3 que incomunicó a Ushuaia con el resto del país, el bloqueo de la planta de combustibles Orion, que produjo un desabastecimiento de naftas en la provincia, la agresión al vicegobernador Juan Carlos Arcando a la salida de un acto público y el desalojo del acampe de manifestantes frente a la Casa de Gobierno, por efectivos de la policía, fueron solo algunos de los incidentes de mayor trascendencia ocurridos en el último trimestre.
Los hechos de violencia comenzaron el primer día del conflicto, cuando uniformados que custodiaban la legislatura fueguina forcejearon con los estatales que acudieron a presenciar el discurso de la gobernadora Rosana Bertone, en la inauguración del período de sesiones ordinarias, el pasado 1 de marzo.
Al día siguiente, los gremios concurrieron al edificio de los bloques políticos del parlamento, y hubo más enfrentamientos que concluyeron con la rotura de los vidrios de la puerta de entrada a las instalaciones.
Los sindicalistas resolvieron el 4 de marzo instalar un acampe frente a la Casa de Gobierno, y bloquear todos los accesos al edificio: en ese lugar se realizaron asambleas durante más de tres meses y se anunciaron medidas como piquetes que interrumpieron la circulación vehicular en distintos sectores de la ciudad y escraches en las viviendas particulares de funcionarios públicos.
Los domicilios de legisladores oficialistas y de la oposición, así como los del vicegobernador Arcando y la gobernadora Bertone, fueron visitados en varias oportunidades por grupos de sindicalistas que tocaron bombos a distintas horas del día o la noche, y que en un caso obligó a la mandataria a retirarse con custodia policial y por el fondo del terreno de la casa que habita en el barrio Los Fueguinos.
Desde el 17 y hasta el 27 de marzo, la llamada “unión de gremios” cortó la Ruta 3 en el acceso a Ushuaia, impidiendo la salida de vehículos salvo en las excepciones que ellos estipulaban, lo que originó una congestión inédita de vehículos de transporte de mercadería e impactó de lleno en la actividad turística porque coincidió con los feriados de Semana Santa.
La Justicia Federal inició una causa penal con decenas de imputados e incluso el juez Federico Calvete ordenó el desalojo del camino, aunque la Gendarmería nunca cumplió la orden.
El 12 de abril, después de una jornada de cortes de calles y piquetes, los manifestantes fueguinos bloquearon los accesos a la planta de combustibles Orion, originando un inmediato desabastecimiento de naftas en Ushuaia y Río Grande.
Los gremialistas fueron desalojados por integrantes del gremio de camioneros, perjudicados porque la medida les impedía ingresar los camiones para distribuir el combustible, y los incidentes dejaron como saldo 10 heridos leves.
El sábado 30 de abril a la noche, toda la ciudad de Ushuaia quedó a oscuras, producto de un sabotaje en el interior de la usina donde se genera la energía eléctrica.
Las autoridades de la Dirección Provincial de Energía (DPE) revelaron que manos anónimas cerraron una válvula que provee de gas a la turbina principal, y dijeron que la maniobra solo pudo haber sido realizada por alguien que conocía muy bien las instalaciones, justo en momentos en que el personal de la dependencia se había sumado a la protesta gremial.
Otros cortes de luz ya se habían producido con anterioridad en oficinas públicas donde, por ejemplo, el gobierno pretendía realizar la liquidación de los sueldos de los empleados estatales.
El vicegobernador Arcando fue agredido por un grupo de sindicalistas cuando salía del acto en homenaje a las víctimas del Crucero General Belgrano durante la Guerra de Malvinas, el pasado 2 de mayo.
La policía identificó a los agresores y el juez penal Javier De Gamas Soler ordenó su detención a la madrugada siguiente.
Horacio Gallegos y Manuel Stefoni del gremio municipal, Roberto Camacho de ATE, Alejandro Marcelo Gómez del gremio educativo y José Darío Gómez de la asociación de empleados públicos, fueron liberados luego de prestar declaración indagatoria aunque siguen imputados acusados de delitos como lesiones, daños y atentado y resistencia a la autoridad.
Desde que el gobierno provincial anunció un programa para sustituir a los docentes que se encuentran de paro, por otros nombrados de manera interina, los gremios protagonizaron una serie de incidentes con los maestros y profesores que acudieron a tomar esos cargos o se presentaron a trabajar en las escuelas.
Uno de esos hechos ocurrió en el Colegio Laureano Maradona de Río Grande, donde la Justicia llegó a dictar una orden de prohibición de acercamiento de gremialistas al docente que denunció la intimidación.
Por su parte el 17 de mayo, una maestra del Colegio Kloketen, en Ushuaia, denunció que otra llegó a pegarle una patada, delante de un grupo de alumnos, por haberse presentado a trabajar durante el paro.
Por último, el 31 de mayo, un grupo de efectivos del escuadrón antimotines de la policía provincial desalojó el acampe situado frente a la Casa de Gobierno provincial, ante la presión de los comerciantes de la zona que habían entrado en una crisis de ventas y habían cerrado o despedido personal, a raíz de la continuidad de la protesta sobre la calle más céntrica de la capital fueguina.
El resultado del accionar policial, calificado por los manifestantes como una “represión brutal”, fue un policía herido en la cabeza y siete sindicalistas asistidos en el Hospital Regional Ushuaia con heridas leves, a la vez que durante el operativo terminaron incendiadas las estructuras de las carpas de madera, en un hecho donde gremialistas y la policía se acusaron mutuamente de haberlo originado.
