a puesta en marcha del código contravencional de la provincia volvió a verse postergada por la falta de infraestructura edilicia adecuada para albergar a los dos nuevos que deben atender la temática que compete a este nuevo fuero de la Justicia Fueguina.
La entrada en vigencia de la norma destinada a entender en aquellas conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño o peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos, recién se concretará a partir del 1 de febrero del próximo año, tal lo dispuesto por la Legislatura en la sesión del pasado jueves 16 de junio.
El código contravencional fue aprobado por el Parlamento a principios del mes de diciembre del 2014 y debería haber comenzado a regir a los 120 días de que la ley ley fuera promulgada, lo que ocurrió a mediados del mes de enero de 2015. Para el mes de marzo de ese año, el Superior Tribunal de Justicia informaba a la Legislatura que al no haberse contemplado en el presupuesto judicial para ese ejercicio las partidas necesarias para poder conformar la estructura funcional que demandaba la implementación de la Justicia Contravencional, resultaba necesario demorar una vez más la entrada en vigencia de la ley.
A comienzos del mes de junio el Superior Tribunal de Justicia volvió a plantear ante el Parlamento la necesidad de disponer un nueva prórroga, argumentando que la actual infraestructura edilicia del Poder Judicial no está en condiciones de albergar dos nuevos juzgados, que por falta de terrenos y cuestiones económicas no se estaba en condiciones de encarar la construcción de nuevos edificios y que la búsqueda de inmuebles para alquilar no había arrojado resultados positivos. En su presentación, la Corte proponía, como aspiración de máxima, que la Legislatura facultara al Alto Tribunal “a disponer (…) una vez superada la contingencia descripta” la fecha de entrada en vigencia del Código Contravencional, o que en su defecto los parlamentarios la demorarán cuanto menos por 7 meses contados a partir del 1 de julio del corriente. Siendo esta última alternativa la habilitada por el Poder Legislativo.
