a gobernadora Rosana Bertone anunció ayer una serie de medidas para reactivar la obra de la planta potabilizadora de agua de la ciudad de Río Grande, y aprovechó la ocasión para criticar con dureza a los organismos de control, a los que definió como “demoradores de obras”.
Bertone se refirió a la superposición de controles que se produjo entre las auditorías internas y los tribunales de cuentas del municipio riograndense y de la provincia, a propósito de la construcción de la planta potabilizadora que se financia con recursos del Fideicomiso Austral.
Además, antes de detallar las medidas, Bertone aclaró: "Yo quiero que a los intendentes Melella, Vuoto, Queno y al presidente Macri les vaya bien. No estoy acá para poner palos en la rueda a nadie" aseveró la Mandataria.
En ese contexto, dijo que le encomendó a la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de Mariano Pombo, la tarea de tratar de coordinar esas intervenciones para facilitar las auditorías.
“No puede ser que los expedientes estén más tiempo en los tribunales de cuentas que el plazo completo de ejecución de obras. No puede ser el entorpecimiento que a veces producen estos organismos”, se quejó la mandataria.
Al respecto agregó que, “con la mejor buena fe, se tratarán de evitar las superposiciones”.
En un duro discurso, donde pasó lista a la evolución de los trabajos desde que se tomó la decisión política de construir la planta, hasta su actual paralización, Bertone aseguró que la obra se convirtió en una “cuestión prioritaria para el gobierno”, debido a la “emergencia social y ambiental que pone en riesgo a la población por la falta de agua potable suficiente”.
La gobernadora precisó que el 20 de mayo se iniciaron los trámites para lograr una nueva imputación presupuestaria del Gobierno Nacional, de manera de asignar 591 millones de pesos al Fideicomiso Austral.
Ese trámite es necesario, explicó Bertone, porque en la gestión anterior, el Fideicomiso dependía de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Planificación Federal, y ahora esas áreas se desdoblaron en el Ministerio de Energía y en el Ministerio del Interior.
“Falta la firma de algunos funcionarios y creemos que con ello se podrá regularizar la forma de pago de los certificados de obra”, señaló.
También anunció que se logró la adscripción de un empleado de la AFIP, de “profundos” conocimientos y contactos con el Ministerio de Economía de la Nación, para que efectúe el seguimiento pormenorizado de los expedientes.
Y en el ámbito técnico, Pombo será el encargado de coordinar con el municipio de Río Grande y con la empresa adjudicataria de la obra, el reinicio de los trabajos, para lo cual también la provincia adherirá a un decreto nacional de redeterminación de precios.
“Río Grande tiene la particularidad de que desde hace muchísimo tiempo, a las 12 de la noche, hay barrios que se quedan sin agua. La población se ha adaptado a esa situación como si fuera algo normal. Y el municipio ha realizado una intervención importante en el río que no ha sido consultada con la provincia. Todo esto debe regularizarse”, afirmó la gobernadora.
“No estoy para poner palos en la rueda. Estoy para hacer las cosas bien y para facilitar que las obras se hagan”, agregó.
Entre los puntos de la historia de la obra que enumeró en conferencia de prensa, Bertone recordó que la planta potabilizadora fue declarada “prioritaria” por la comisión de seguimiento del Fideicomiso Austral, el 7 de julio de 2011, mientras que en octubre de ese año se le presentó al ex intendente Jorge Martín el proyecto ejecutivo con un presupuesto oficial de 101.897 millones de pesos y un plazo de ejecución de 24 meses.
La obra se adjudicó en diciembre a la empresa Proalsa, que recién firmó el contrato en septiembre de 2012 (nueve meses después) e inició los trabajos en noviembre.
Después comenzaron los atrasos en los desembolsos de anticipos financieros y pagos de certificados de obra, junto con la superposición de controles.
En todo 2014, los trabajos avanzaron solo un 25% y en noviembre de ese año se había completado un 59% del total de la obra, hasta que en enero de 2015, 26 meses después de iniciada, la obra se paralizó por completo, con la acumulación de 5 certificados impagos, y todavía restan 18 meses más de construcción, según describió la mandataria.
“No me escondo atrás de los problemas. Heredé esto y lo conocía. No critico a nadie. Trato de construir como puedo con las falencias de este Estado que encontré”, aseveró Bertone.
