l profesor de música acusado de abusar sexualmente de 25 chicos en dos jardines de infantes de la ciudad de Río Grande fue sobreseído por la Justicia, al comprobarse que no había elementos que lo incriminaran.
Marcelino Monchietti, quien ya había sido beneficiado por una falta de mérito en marzo pasado, fue desvinculado de la causa penal por decisión del juez de instrucción Andrés Leonelli, confirmaron fuentes judiciales.
Monchietti estaba imputado de “abuso sexual agravado y reiterado” luego de que se acumularan decenas de denuncias en su contra, a partir de agosto de 2015.
Sin embargo, un equipo multidisciplinario determinó que “no existían indicios de abuso sexual en ninguno de los casos analizados”, lo que dio lugar a la decisión de sobreseer al docente.
La medida judicial no está firme, y tanto la fiscalía como el abogado que representa a los padres de las presuntas víctimas, cuentan con diez días hábiles para recurrir el fallo, aclararon las fuentes.
En su resolución, el juez Leonelli valoró “el conjunto probatorio incorporado con posterioridad al dictado de la falta de mérito, y concluyó que no existía elemento de prueba alguno para atribuirle al profesor de música cualquier tipo de abuso sexual respecto de los menores sometidos al proceso”, explicó la Justicia en un comunicado.
También señaló que el magistrado había ordenado “un análisis más profundo de los elementos electrónicos secuestrados al docente, varias declaraciones testimoniales y la pericia psicológica de una menor que hasta la fecha no había comparecido ante el gabinete de psicólogos, entre otras medidas”.
Por otra parte y teniendo en cuenta alguna contradicción -aunque no esencial- en los dichos del maestro, se había ordenado ampliar su declaración indagatoria para darle la oportunidad de expedirse al respecto.
De todas las medidas de prueba realizadas, “no surgió ningún indicio que sugiriera que el docente pudiera haber abusado de alguno de sus alumnos. Y la única contradicción que existía en el descargo del maestro, fue suficientemente aclarada al ampliar su indagatoria”, detalló el juez.
No obstante ello, en las varias decenas de pericias psicológicas efectuadas a los menores, si bien no se hallaron indicadores de abuso sexual, los psicólogos advirtieron “algunos casos de maltrato infantil intrafamiliar” por lo que Leonelli le dio intervención al Ministerio Pupilar “a los efectos proteccionales correspondientes”, se informó.
El maestro de música había sido apartado de los cargos que tenía en los jardines Nº3 y Nº 21 de Río Grande cuando el caso se hizo público a través de las declaraciones coincidentes de un grupo de padres.
Varios de los progenitores denunciaron ante la Justica que el maestro llevaba al baño a los chicos y “los tocaba y los filmaba”.
El juez tomó, primero, una extensa cadena de declaraciones testimoniales de los propios niños, quienes hablaron bajo supervisión de especialistas, y el abogado Juan Ladereche, representante de los denunciantes, afirmó –entonces- que en al menos nueve de las declaraciones se hizo referencia expresa a los presuntos abusos, y habló de “imputaciones concretas” y de “testimonios contundentes”.
El caso adquirió repercusión social en Tierra del Fuego luego de que al conocerse las primeras denuncias, un grupo de padres acudió al domicilio del profesor y lo agredió, además de producir diversos destrozos.
Por ese episodio, la Justicia abrió una causa paralela donde se investiga a los atacantes por el delito de lesiones y daños.
Además, el juez Leonelli denunció a fines del año pasado que fue amenazado por dos de los padres de las supuestas víctimas.
Dijo que las personas se presentaron en su oficina para interiorizarse de los avances registrados en la investigación, y que luego de recibir las explicaciones, uno de ellos comenzó a increparlo.
Leonelli afirmó que el episodio se produjo “en presencia de varias personas pertenecientes al juzgado”, y que una vez ocurrido, se dirigió a la Fiscalía de turno para realizar la denuncia correspondiente.
De la información suministrada por el Juzgado de Instrucción, surge que a partir de este caso se comenzó a instrumentar la presencia de profesionales psicólogos para la toma de testimoniales a menores, en virtud de los protocolos internacionales vigentes.
Además, se recibieron decenas de testimoniales y se tomó declaración a 25 niños, y se efectuaron más de 50 pericias entre médicas y ginecológicas a la totalidad de los menores.
Durante los allanamientos se se
cuestraron más de 60 elementos entre los que se destacan teléfonos celulares, computadoras y notebook, entre otros, y se analizaron más de 500.000 archivos (entre existentes y borrados recuperados).
Hasta el momento el expediente consta de 7 cuerpos y 1529 fojas, en tan solo 9 meses de trámite judicial.
