Salpicado por la investigación contra la financiera Credisur

Uno de los hermanos Sánchez Otharán anunció su desvinculación del Sutef

Se trata de Néstor Sánchez Otharán. Lo hizo saber a través de un comunicado publicado por Reporte Austral. No se sabe si lo mismo hará su hermano Juan Francisco. Ambos están acusados de usura y fraude por el accionar de la financiera Credisur, que en 2014 suscribió un convenio para prestarle dinero a afiliados del sindicato docente.
20/07/2016
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éstor Sánchez Otharán anunció su desvinculación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) donde se desempeñaba como asesor letrado, según publicó ayer el portal Reporte Austral con fuente en un comunicado del propio abogado.
La información no mencionó si el apartamiento incluye también a Juan Francisco Sánchez Otharán, hermano de Néstor que intervino en varias causas judiciales en representación del Sutef, como por ejemplo el juicio oral y público por la toma de la Casa de Gobierno de mayo de 2013.
Juan Francisco figura como uno de los socios de Lian Group, la sociedad bajo la que funciona la financiera Credisur, investigada por la Justicia por los presuntos delitos de usura y defraudación por abuso de firma en blanco.
Por su parte Néstor Sánchez Otharán intervino como abogado de Credisur en varios juicios contra clientes de la empresa.
Ambos serán indagados por el juez Javier De Gamas Soler durante el próximo mes de agosto.
Los abogados no aclararon si la desvinculación del Sutef tiene alguna relación con la difusión pública del caso.
A su vez, el gremio sigue sin explicar si, a partir del convenio firmado entre Credisur y el Sutef en 2014, los afiliados al sindicato estaban en conocimiento de que la financiera en la que gestionaban préstamos pertenecía a los mismos abogados que después los representaban en causas gremiales.
Según la investigación penal, Credisur prestó 132,5 millones de pesos a 3.840 personas durante el lapso de dos años, y en unos 600 casos terminó ejecutando judicialmente a los clientes por falta de pago.
El objeto de la causa es establecer si los intereses calculados por la compañía (de entre el 95 y el 1400% anual según el criterio con que se estimen) eran usurarios, y si la financiera ejecutaba los pagarés en blanco por importes varias veces superiores al valor real adeudado.

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