nte la falta de dependencias policiales dedicadas específicamente a atender casos de violencia de género, el bloque de Legisladores del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ley tendiente a resolver ese déficit dentro de la estructura funcional de la Policía fueguina.
Para ello proponen “la obligatoriedad de la instalación de comisarías destinadas exclusivamente al tratamiento y atención de violencia de género en cada distrito de la Provincia, bajo la supervisión de la Policía de la provincia de Tierra del Fuego en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad del Gobierno de la Provincia”.
Estas Comisarias Preventoras tendrán, entre otras, la función de “recibir la denuncia, en todos los casos de lesiones, amenazas daños, etc., informando y asesorando a la víctima sobre los alcances legales de su presentación” y, en caso de que haya “menores en situación de riesgo, maltrato o abandono, dar intervención a la Comisaría de Minoridad y familia”; “derivar en forma inmediata, en el caso de que la víctima tuviera lesiones a un Médico Forense afín de constatar tipo y carácter de las lesiones”; “solicitar como medida cautelar la restricción de acercamiento a la distancia que el juez interviniente estime corresponder y/o exclusión del hogar de la persona que ejerce la violencia ante la evidencia física o psíquica que presenta la víctima, la verosimilitud de la denuncia efectuada y la situación de violencia que suscite riesgo actual para quien la invoca”; “formular el requerimiento de instrucción formal, solicitando al Juez la realización de las medidas con carácter de urgente” y “actuar en las incurrencias por desobediencia de las prohibiciones de acercamiento prescriptas por un juez”.
El proyecto establece que para cumplir de manera adecuada su cometido, estas comisarías deberán contar con “personal policial especialmente capacitado” en la atención de víctimas de violencia de género, los que tendrán que trabajar “en forma conjunta con un equipo interdisciplinario, dependiente en forma directa del Ministerio de Gobierno”, integrado “como mínimo por un abogado, un psicólogo, un asistente social, un psicólogo social, un médico o forense por turno”.
Estos equipos interdisciplinarios también tendrán la responsabilidad de “realizar estadísticas para ser presentada ante las autoridades locales, provinciales y Nacionales, a fin de realizar una evaluación permanente del funcionamiento de la demanda, el tipo de derecho vulnerado, las medidas adoptadas, los programas impulsados, a efectos de poder tener un diagnóstico focalizado para implementar los planes y programas respectivos de educación y prevención de la violencia”.
La iniciativa por en cabeza del Poder Ejecutivo la obligación de “proveer y organizar los recursos materiales, humanos y el espacio físico necesario, que permita garantizar de modo apropiado la denuncia , contención, tratamiento y derivación, de situaciones de desprotección, violencia, abuso, maltrato, acoso sexual y otras de similar naturaleza que afecten a la persona”.
Además, los parlamentarios del oficialismo impulsan la implementación del Botón anti pánico” para todas las personas que se encuentran comprendidas hechos de situación de violencia de género”, que deberá contar “con un grabador de sonido y voz que se activara de manera automática al pulsarlo”.
En ese marco crea también “el Registro de Dispositivos de Control y Monitoreo” que “contendrá una base de datos de toda la información referida a los dispositivos entregados, su aptitud y funcionamiento”. Será responsabilidad de las Comisarias Preventoras de violencia de género “elaborar un protocolo de actuación ante el aviso de emergencia del botón anti pánico o cualquier otro aviso que alerte un hecho de violencia de género” y “monitorear, asistir y efectuar informes sobre los dispositivos entregados, a fin de llevar un pormenorizado control de todos los casos que se susciten en la Provincia”.
Entendiendo que las políticas públicas a adoptar para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia de género e ir erradicando ese tipo de conductas deben implementarse de manera transversal por el Estado “invita a los Poderes Ejecutivos Municipales a adherir a la ley y a proveer personal capacitado a efectos de integrar el equipo interdisciplinario” y a colaborar para que las comisarías cuenten con el “espacio físico” adecuado para el cumplimento de su cometido.
El proyecto, presentado en la sesión del pasado jueves 14 y girado a la Comisión de Seguridad, autoriza al Ejecutivo “a adecuar las partidas presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de la ley” y le otorga un plazo de 90 días para que la reglamente.
