a Justicia Federal de Ushuaia volvió a detener en una causa por narcotráfico y trata de personas a la misma mujer que está imputada y será juzgada el mes próximo por integrar una banda dedicada a la explotación sexual de mujeres a través de un conocido local nocturno de la capital fueguina.
Lucy Alberca Campos, de nacionalidad peruana, fue detenida dentro del prostíbulo “Sheik”, clausurado luego de un operativo por trata en 2012, y en el lugar se secuestró una gran cantidad de dinero en efectivo de diferentes nacionalidades, equivalente a 7 millones de pesos argentinos, confirmaron fuentes vinculadas a la causa.
Campos era la encargada del negocio ubicado en la intersección de las calles Gobernador Paz y Roca, en pleno centro de Ushuaia, que fue allanado el 9 de octubre de 2012 durante un operativo en el que se desbarató una supuesta red de trata y se liberó a siete mujeres.
Una de las víctimas rescatadas en esa oportunidad fue Alika Kinán, quien además de convertirse en querellante contra sus captores, se transformó en una referente social de la defensa de los derechos de la mujer, y actualmente dirige el “Instituto de Género Sapa Kippa”, además de prestar testimonio sobre su propia experiencia de vida en congresos y encuentros nacionales e internacionales.
Junto con Campos fueron imputados en 2012 Pedro Eduardo Montoya y Claudia Ivana García, el matrimonio sindicado como propietario del local nocturno.
Sin embargo, mientras se desarrollaba el proceso judicial, Campos siguió viviendo dentro del comercio clausurado y desde allí terminó involucrada en una organización dedicada a la venta de droga y, según presume la Justicia, también a la trata de personas.
Fuentes ligadas al caso contaron que tras seis meses de investigación se demostró que la mujer se dedicaba a la comercialización de estupefacientes que compraba a un grupo de ciudadanos peruanos, y que éstos a su vez negociaban con una organización de ciudadanos dominicanos.
Los investigadores siguieron esos contactos y el lunes realizaron un operativo en el aeropuerto de la ciudad de Río Grande, donde detuvieron a un hombre con su hijo menor de edad que trasladaban 2,3 kilos cocaína adherida al cuerpo.
En forma simultánea se realizaron cinco allanamientos en Río Grande, en Ushuaia y en la provincia de Corrientes, y se detuvo a un total de seis personas, incluida Campos.
Entre los detenidos hay peruanos, dominicanos y argentinos, señalaron las fuentes.
Uno de los procedimientos se realizó en el mismo local nocturno clausurado en 2012, donde seguía viviendo su antigua encargada.
Los efectivos de Gendarmería Nacional que ingresaron a la propiedad aguardaban encontrar allí una importante cantidad de droga, pero en cambio hallaron unos 300 gramos de cocaína y una gran cantidad de dinero en efectivo.
Los investigadores revelaron que entre dólares (unos 290 mil) euros y monedas de otras nacionalidades, había en el lugar “el equivalente a unos 7 millones de pesos argentinos”.
Por otra parte, los gendarmes allanaron un apart hotel en la calle Alem de la capital fueguina que según la hipótesis judicial funcionaba como un “privado” dedicado al ejercicio de la prostitución.
Dos mujeres que estaban en el lugar fueron demoradas y ayer declararon con los cuidados que asegura la ley para las presuntas víctimas de trata de personas, pero ambas dijeron que se dedicaban a la actividad “por cuenta propia” y que “no respondían a ninguna organización”.
La Justicia sospecha que otro grupo de mujeres, que sí podría responder a una organización regenteada por Campos, se fue del lugar y de la ciudad un día antes del operativo, en lo que podría haber constituido una filtración de información previa a los allanamientos.
La causa judicial se encuentra a cargo del juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, quien impuso el “secreto de sumario” aunque sigue trabajando en el dictado de nuevas medidas para lograr profundizar la investigación, señalaron las fuentes consultadas por EDFM.
Kinán fue consultada por las derivaciones del caso pero prefirió “no hacer declaraciones” por “consejo de su abogada” en virtud de la inminencia del juicio oral y público donde le tocará declarar contra sus captores y porque la investigación todavía se encuentra en pleno trámite.
