a Justicia comenzó una pesquisa sobre los 560 juicios ejecutivos iniciados por Credisur, la financiera acusada de presunto fraude y usura que está vinculada con los ex abogados del Sutef Juan Francisco y Néstor Ignacio Sánchez Otharán.
El juez de instrucción de Ushuaia, Javier De Gamas Soler, pretende saber si, en cada uno de esos procesos judiciales, la empresa ejecutó pagarés en blanco (que previamente imponía como requisito a los destinatarios de un crédito) por sumas hasta cinco veces superiores a las adeudadas, y si, además, les impuso a los clientes intereses anuales de entre el 95 y el 1400%, según el criterio adoptado para calcularlos.
Los investigadores ya relevaron la cantidad de expedientes de Credisur que tramitan en los juzgados civiles de Ushuaia y de Río Grande pero, ahora, la tarea más engorrosa consiste en identificar a los deudores de la firma y citarlos para que declaren.
Fuentes judiciales dijeron a EDFM que, por el volumen de información y de personas involucradas, “es posible” que se requiera ayuda de la fuerza policial, por ejemplo, para que se cite a los testigos en las comisarías a prestar declaración.
Por su parte, el abogado Jorge Pintos, que representa a varios de los supuestos damnificados, confirmó que la causa tiene siete imputados en la actualidad, entre los titulares de la sociedad que maneja Credisur y los abogados contratados para ejecutar judicialmente las deudas.
Según Pintos, dos de esos imputados ya prestaron declaración indagatoria, mientras que el resto de las declaraciones fue pospuesta a la espera de la pesquisa sobre los juicios ejecutivos.
En la Justicia especulan que la posición de los abogados defensores será la de llegar a acuerdos económicos con los presuntos damnificados, como un modo de descomprimir la situación penal.
El paso siguiente sería el de intentar el camino de la mediación, para evitar un posible juicio y condena.
Uno de los problemas de esa estrategia es el volumen de dinero que, en forma de préstamos, se movió a través de la financiera en los últimos dos años.
Los investigadores creen que esa conducta amplió el daño a miles de personas que, como mínimo, fueron ejecutadas por valores que no debían, lo que hace más difícil pensar en una mediación, aunque ese camino no está del todo descartado.
Por el momento, el juez De Gamas Soler analiza dos tipos de ilícitos: defraudación por abuso de firma en blanco y usura.
El fiscal que interviene en la causa es Daniel Curtale.
132 millones en dos años
El caso Credisur comenzó a investigarse a partir de las denuncias presentadas por dos mujeres que plantearon situaciones similares. Una gestionó un crédito de $15 mil y la otra uno de $20 mil. En ambos casos firmaron un pagaré en blanco que después la empresa llenó por $78 mil en un caso, y por $74 mil en el otro.
Tras la difusión pública de la causa, aparecieron más denuncias.
El número de juicios ejecutivos es sorprendente, porque implica que la compañía ejecutó casi al 16% de las personas a las que primero asistió con un préstamo.
Sin embargo, los investigadores todavía no constataron que en todos esos casos se haya utilizado la misma modalidad, es decir, ejecución de documentos con valores superiores a la suma prestada.
Otro aspecto en el que podrían avanzar los investigadores es el origen de los fondos con que la financiera llevó a cabo sus actividades. El hecho de que una sociedad con 100 mil pesos de capital inicial haya podido prestar $132 millones en dos años puso en alerta a los responsables de la investigación.
En ese sentido, el juez ya remitió oficios al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y también a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) para que en ese ámbito se analicen los movimientos económicos de la sociedad durante su tiempo de funcionamiento.
Además de los hermanos Sánchez Otharán, por ahora están involucrados Hugo Horacio Ilarregui, Gloria Raquel Davicio, Rosana González, Verónica Vanesa Criado y Vanesa Casas.
Ilarregui y Francisco Sánchez Otharán figuran como socios de Lian Group SRL, la sociedad bajo la que funciona Credisur en sus sedes de la calle Mackinlay 745 de Río Grande, y Gobernador Paz 224 de Ushuaia.
Credisur no solo estuvo vinculada al Sutef porque los abogados del sindicato (al menos uno de ellos) figura como socio de la empresa, sino porque el sindicato firmó en 2014 un convenio con la financiera, para asistir con créditos a los afiliados de la entidad gremial.
El gremio docente nunca explicó si los docentes que fueron a gestionar préstamos, sabían que Credisur pertenecía a los entonces abogados del sindicato.
