l Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia ordenó la detención de las cuatro mujeres condenadas por el caso de trata de personas en el local nocturno “Black And White”, durante el juicio realizado en septiembre del año pasado, aunque todas gozan -por el momento- del régimen de prisión domiciliaria, según confirmaron ayer fuentes judiciales.
Se trata de Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Víctor Morales, el dueño del prostíbulo también condenado en 2015, Daniela Alejandra Morales Ledezma, María Cristina Ledezma y Mirta Jorgelina Puglia.
Morales, considerado el jefe de la organización dedicada a la explotación sexual de mujeres, cumple una pena de 7 años de prisión y se encuentra detenido desde antes de que finalizara el juicio, cuando el tribunal entendió que había intentado amedrentar a una de las testigos que luego declaró en la audiencia.
Por su parte las cuatro mujeres recibieron una condena de 5 años de cárcel, como “coautoras penalmente responsables” del delito de “trata de personas agravado”, por la participación de más de tres personas y por la existencia de más de tres víctimas.
Sin embargo, ninguna de ellas fue detenida luego del juicio oral, con el fundamento de que el fallo no se encontraba firme.
La defensa presentó, luego, un recurso de casación ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que fue desestimado, y posteriormente se dirigió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante un recurso extraordinario, que no fue admitido por el tribunal de casación.
Como última instancia, los abogados de los condenados presentaron un recurso de queja ante la misma Corte, que aún no fue resuelto, pero que a criterio de los jueces ya no produce un efecto suspensivo sobre la condena, por lo que fue ordenado el cumplimiento de la sentencia.
De esta forma, los jueces Ana María D´alessio y Luis Giménez dispusieron la inmediata detención de las mujeres, aunque atendiendo a dos circunstancias particulares.
Por un lado, se tuvo en cuenta el caso de Puglia, alias “Mami” que al ser una persona mayor de 70 años, logró antes que el resto la concesión de la prisión domiciliaria y cumple la pena en su casa.
Por otra parte, en relación a Ramírez, alias “Camila”, Daniela Morales Ledezma y María Cristina Ledezma, los magistrados dispusieron que comiencen a cumplir la condena bajo el sistema de prisión domiciliaria hasta tanto el Servicio Penitenciario Federal informe en qué establecimiento deben ser alojadas, ya que se esgrimió “una falta transitoria de espacio” para poder ser trasladadas en forma inmediata.
Morales también había planteado la posibilidad de acceder a un régimen de prisión domiciliaria, basado en problemas de salud.
El hombre padece diabetes y una afección coronaria por la que le colocaron un stent, situación que motivó la realización de una junta médica donde se determinó que podía ser alojado en una cárcel común.
El primer juicio en la ciudad
El caso “Black And White” significó el primer juicio por trata de personas realizado en Ushuaia, lo que motivó el seguimiento de especialistas en el tema y de organizaciones sindicales y sociales que militan por los derechos femeninos, como la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), “La Hoguera” y el “Instituto de Género Sapa Kippa” que presiden la víctima de trata Alika Kinán, quien hace pocos días logró la condena de su captores en el juicio del caso “Sheik”.
La investigación sobre el llamado “clan Morales” inició en 2010 y tuvo su desenlace el 17 de abril de 2012, cuando un operativo ordenado por el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, y realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional, derivó en la liberación de 18 mujeres, la mayoría de nacionalidad dominicana, y en el secuestro de numerosas pruebas incriminatorias.
Además de las penas de prisión, Morales fue multado con 125 mil pesos, y el resto con 90 mil pesos, a lo que se le sumaron las costas del proceso.
Los magistrados también dispusieron el decomiso de las cuentas bancarias y el dinero secuestrado durante la investigación, que será devuelto a las víctimas y el resto donado al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Incluso se resolvió la subasta de los muebles secuestrados en los operativos y de un auto propiedad de Morales.
