a desorientación del legislador oficialista Ricardo Romano al momento de tener que votar el proyecto de Presupuesto generó pánico y estupor entre sus pares de bancada y los máximos funcionarios del ministerio de Economía que seguían con atención el desarrollo de la sesión de ayer, ya que su negativa a acompañar el dictamen de mayoría impedía alcanzar la mayoría agravada necesaria para convalidar la toma de endeudamiento contenida en la norma presupuestaría.
Cuarto intermedio mediante y pedido de reconsideración de la votación pusieron las cosas en sintonía con la pretensión de la gestión Bertone, ya que los ahora sí 8 votos de la bancada del FPV más los dos de los radicales Blanco y Martínez Allende garantizaron que el proyecto fuera sancionado tal cual fuera remitido por el Ejecutivo, ello más allá de que en al votación en particular hubo dos artículos que fueron aprobados por 8 a 7, ya que en esos dos casos la totalidad de los legisladores de la oposición votaron en bloque.
Es de tener en cuenta que el presupuesto aprobado ayer estableció que “contempla únicamente como pauta salarial general el crecimiento vegetativo” de la partida de haberes, estimado en un 4%, la que “se adecuará en función de lo que se establezca en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”. En ese organismo el Gobierno Nacional ya planteó que el crecimiento del gasto corriente en todas las jurisdicciones del país no puede superar el 23,6% interanual, por lo que se estima que la pauta de incremento salarial para el próximo año rondará en total el 17%.
La sesión de ayer, la última ordinaria del año, tuvo un demorado inicio ya que se detectó que el proyecto mediante el que el Ejecutivo buscaba que el Parlamento convalidara el acuerdo para prorrogar el plazo para el cumplimiento de parte de la inversión comprometida por la petrolera ROCH, presentaba un insubsanable error que tornaba imposible su aprobación, lo que obligó a que fuera remitido a comisión.
Crédito e instrucción de pago
Atendiendo a que por ser hoy el día del empleado público y por tanto asueto administrativo en la Administración Central, los Legisladores resolvieron adelantar el tratamiento del proyecto de ley que habilitaba al Ejecutivo a gestionar ante el BTF un crédito para poder pagar el medio aguinaldo antes del martes 20 de diciembre.
La iniciativa aprobada en realidad fue un poco más allá, ya que se resolvió sustituir el artículo 10 de la ley 1062 (Ley complementaria permanente de Presupuesto) para ampliar el plazo de devolución de esos préstamos de corto plazo. Originalmente la ley determinaba que ese tipo de créditos debían ser amortizados “dentro del mes en que se soliciten”. Es decir, si el préstamo se solicitaba el 15 de diciembre debía ser devuelto antes de la finalización de ese mismo mes. Ese acotado plazo impedía en el caso concreto del medio aguinaldo recurrir a esa herramienta, ya que para fin de año el Ejecutivo no estaría en condiciones financieras de cancelar la obligación con el BTF. Para resolver ese inconveniente se dio una nueva redacción al mencionado artículo, la que establece que la cancelación de esos créditos deberá hacerse efectiva “en un plazo máximo de 30 días corridos, contados a partir de la efectivización del mismo”. La modificación implica, en el ejemplo anterior, que el préstamo deba ser devuelto el 15 de enero.
Resuelta esa cuestión, en el proyecto se “instruyó” al Ejecutivo a disponer de esa herramienta financiera para afrontar el pago del medio aguinaldo de “todo el personal de la administración central, organismos autárquicos y descentralizados, y los restantes poderes y los aportes correspondientes al IPAUSS antes del 20 de diciembre de 2016”.
Las obras y las emergencias de la discordia
Como era de esperar, el tratamiento de las declaraciones de emergencia por 12 meses en salud y en infraestructura escolar y sanitaria, y del plan de obras por 3.000 millones de pesos a financiar con al emisión de títulos públicos, recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y de la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación generó los debates de mayor intensidad entre los Legisladores, pero no sólo entre los oficialistas y opositores sino también entre los mopofistas y el radical Rubinos y el también radical Pablo Blanco. Es de tener en cuenta que los bloques de oposición rechazaron la posibilidad de que el Ejecutivo pueda disponer “per se” prorrogar la vigencia de esas emergencias.
Las emergencias en Salud y Educación se aprobaron por 10 a 5, ya que mopofistas y Rubinos consideraron que tras un año de emergencia había quedado demostrado que la no realización de todas las obras necesarias eran producto de ineficiencia en la gestión y falta de recursos y no ha situaciones extraordinarias que ameritarán la adopción de mecanismos de excepción.
En tanto que la emergencia sanitaria resultó sancionada por 8 a 7, ya que en este caso Blanco y Martínez Allende sumaron su rechazo al de Löffler, Urquiza, Boyadjián,Villegas y Rubinos. Los opositores coincidieron en hacer objeto de sus críticas al titular de la DPOSS, Guillermo Worman. Señalaron además que con esta nueva declaración serían 5 las emergencia declaradas en materia sanitaria en los últimos años.
Los cruces más calientes se dieron con el abordaje del plan de obras por 3.000 millones presentado por el Ejecutivo. En este punto, los mopofistas y Rubinos cuestionaron el escasísimo tiempo con que contó la Legislatura para poder analizar en profundidad el proyecto, como así también el criterio aplicado por el Ejecutivo para definir que obras incorporó al plan. Coincidieron en señalar que resultaba poco entendible que existiendo falencias en infraestructura escolar o deficiencias en salud, ninguna de las obras necesarias para superar “la emergencia” en esas áreas hubieran sido incorporadas al plan de obras.
El radical Blanco defendió su postura, y la de Martínez Allende, favorable al proyecto del Ejecutivo. Recordó que durante la gestión gubernamental del mopofista Estabillo, en medio de una emergencia económica, se aprobó la emisión del Bono Albatros para, entre otras inversiones, financiar la compra e instalación de los medios de elevación del Cerro Krund (hoy Cerro Castor).
“Nadie puede negar el impacto positivo que esa inversión tuvo para el desarrollo del turismo” dijo, y llamó a sus pares de la oposición a poner la mirada en la necesidad de que el Estado realice inversiones que fomenten el desarrollo de actividades productivas por parte del sector privado, para que de esa manera el Estado también recaude más.
Fuera de programa; ampliación del ejido urbano de Tolhuin
Para sorpresa de muchos, el legislador del FPV Claudio Harrington presentó para tratar sobre tablas la ley de ampliación del ejido urbano de Tolhuin. El proyecto obtuvo el acompañamiento del oficialismo y del radicalismo en pleno, y la negativa del MPF. Desde esa bancada se aclaró que su postura contraria obedecía al absoluto desconocimiento que se tenía de la iniciativa y a que la especificidad del tema obligaba su análisis por parte de especialistas en el tema. Mas allá de ello señalaron que entendían necesario que Tolhuin deba amplia su ejido para poder satisfacer la demanda habitacional y fomentar su desarrollo turístico y productivo.
