ranscurrida casi una década desde que la ex gobernadora Ríos declara la emergencia para la provisión de insumos alimentarios y de limpieza para los servicios de comedor escolar y copa de leche que brindan los establecimientos educativos de la provincia, el Poder Ejecutivo consideró oportuno y necesario prorrogar desde el 1 de enero de este año y por 365 días corridos esa emergencia, que desde el año pasado también alcanza a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y a la Escuela de Personal Superior, de Cadetes Aspirantes a Oficiales y Agentes de Policía.
En el decreto 76/17 –firmado el martes 10 de enero por el Vicegobernador (a cargo del Ejecutivo) y el Ministro de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Vázquez- se justifica esta decisión bajo el argumento que desde el dictado del decreto 3619/07 y hasta el presente “no se han logrado obtener resultados exitosos en procesos licitatorios para la provisión de insumos alimentarios, de
limpieza y demás gastos inherentes a la prestación del Servicio” y que ello “surge explícito de los resultados obtenidos en los llamados a Licitación Pública tramitados desde el año 2008 a la fecha, los cuales concluyeron desiertos o fracasados”.
La norma señala si bien “se encuentra en trámite un nuevo procedimiento de licitación pública para la adquisición de los insumos necesarios para la correcta prestación del Servicio” -al que califica como es una “tarea primordial del Estado-, resulta “conveniente establecer un mecanismo ágil de contratación que garantice la mayor concurrencia de oferentes y permita una sustancial eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos del Estado Provincial”. En ese marco se entiende “necesario adoptar todas las medidas conducentes a ello”, por lo que resulta “imperioso prorrogar la emergencia por un período de 365 días corridos, estableciendo que comenzará a regir a partir del
1° de enero de 2017, y que sólo suspenderá sus efectos en el caso de que la provisión de insumos resulte satisfecha como consecuencia de la adjudicación en los procesos
licitatorios en curso”.
Pero además, atendiendo que el gasto semanal para satisfacer los requerimientos de los mencionados servicios fue estimado en unos 2 millones de pesos, se autorizó “el funcionamiento de un fondo permanente” por 20 millones de pesos, y la “constitución de una caja chica” por 200 mil pesos “para el cumplimiento de los fines descriptos”.
El mencionado decreto también delega en el Ministro de Economía “la facultad de dictar las normas necesarias a fin de obtener la efectiva ejecución de lo dispuesto en el presente acto, y ante situaciones eventuales y no previstas
que pudieran surgir”.
El mecanismo establecido para efectuar compras en el marco de la emergencia contempla que “en forma semestral la Dirección de Comedores” convoque a potenciales proveedores, a efectos de obtener las ofertas más convenientes, siendo necesario requerir cotizaciones al menos de 3 proveedores”. Determina que “la selección de la oferta más conveniente determinará el proveedor a quien se le adquirirán los artículos durante los siguientes 6 meses” y que “los precios obtenidos no obrarán como valor definitivo para dicho período, sino que se reconocerán los precios a cada compra, siempre y cuando no superen un incremento del 15% respecto de los presentado en el pedido de cotización semestral”.
