roducto de una inexplicable demora, el Poder Ejecutivo remitió el pasado 20 de abril a la Legislatura un proyecto para que la Provincia adhiera al artículo 54 de la ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2016 y al Capítulo IX de la Ley de presupuesto nacional 2017.
El artículo 1 de la iniciativa que lleva la firma del Vicegobernador y del Jefe de gabinete impulsa la adhesión al artículo del presupuesto nacional del año pasado mediante el que se habían flexibilizado aspectos vinculados al límite de incremento del gasto público primario y de equilibrio financiero que debían cumplir tanto la Nación como las Provincias.
En tanto que en el artículo 2 se propone la adhesión a la nuevas pautas que durante este año deben cumplir la Administración Nacional, las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de Responsabilidad Fiscal.
No pasa desapercibido el hecho de que el primer artículo del proyecto refiere a una ley nacional que fue aprobada en octubre de 2015 y promulgada y publicada en noviembre de ese mismo año, que el artículo de la ley nacional al que se quiere adherir prorrogaba hasta fines de 2016 la desobligación de cumplir con algunos parámetros de limitación de incremento del gasto público y de ejecutar presupuestos que preservaran el equilibrio financiero.
De acuerdo a la información extraoficial a la que accedió EDFM, este pedido de tardía adhesión responde a un requerimiento que le fuera trasmitido en la última reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal a la Provincia, para salvar el olvido en el que se había incurrido.
Si bien con menos demora que en el caso anterior, apenas 4 meses desde la entrada en vigencia del presupuesto nacional 2017, el Ejecutivo plantea al Parlamento la necesidad de adherir al capítulo IX de la ley 27.341, que determinó nuevos parámetros de Responsabilidad Fiscal a cumplimentar a lo largo de este 2017.
Entre esa pautas se cuentan la que limita el incremento del gasto público al mismo nivel que registre la tasa acumulada de aumento nominal del producto bruto interno, o la que obliga a aquellas jurisdicciones que hayan ejecutado resultado primario deficitario en 2016 a “adoptar medidas conducentes a fin de impulsar la convergencia al equilibrio fiscal”, y a tal fin ejecutar durante este año “una disminución del 10% de dicho resultado”.
