on la pretensión de lograr que los partidos políticos “cumplan el rol para el que originariamente fueron creados y permanezcan en el tiempo por su propia actividad y no por su sola registración”, los legisladores del bloque UCR-Cambiemos, Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende, presentaron un proyecto para sustituir la actual ley de partidos políticos que rige en la Provincia desde 1999.
Según precisan los autores de la iniciativa ingresada el pasado viernes 12 de mayo, “deviene más que necesario lograr un cambio profundo en varios aspectos que hacen a la constitución y, especialmente, en lo que hace a la formación y funcionamiento de los partidos políticos”, para lograr que estos “mantengan una permanente actividad interrelacionada con la sociedad. Que sean verdaderos formadores de una cultura cívica política que vaya más allá de los ideales que cada uno pueda perseguir”.
Para ello entienden que “es necesario que la constitución de un nuevo partido político cumpla con ciertos requisitos, que contribuyan a que un grupo de voluntades con los mismos ideales, realmente se conviertan en una alternativa de gestión política y no en un mero conjunto de personas que buscan solo una conveniencia de índole electoral”. En ese entendimiento proponen que “los fundadores y adherentes de estas nuevas agrupaciones, se encuentren desvinculados totalmente de toda afiliación anterior” o en su defecto deban haber transcurrido 6 desde el momento en que se desafiliaron a otro fuerza. “No resulta razonable que siendo afiliado a un partido político o con una renuncia reciente abracen otra causa, por lo general en vísperas de elecciones”, argumentan.
También consideraron necesario introducir mejoras el sistema de afiliación, para lo que postulan “que las fichas sean lo suficientemente claras para que los ciudadanos que opten incorporarse a un nuevo partido sepan fehacientemente a cuál lo están realizando”. Afirman que existen “sobradas pruebas” de que “solapadamente se formalizan afiliaciones de ciudadanos que desconocen en plenitud lo que están acompañando con su firma. Lo que se busca es que exista una previa y documentada desvinculación de agrupaciones políticas existentes, y que las renuncias se efectúen en forma fehaciente, con notificación al partido donde se mantenía aquella y no solamente que una nueva afiliación anule la anterior”.
También para evitar la doble afiliación, el proyecto contempla que “los que sin haberse desafiliado formalmente de un partido se afiliaren a otro, serán sancionados con inhabilitación por dos años para el ejercicio de derechos políticos, incluso el de afiliarse a cualquier partido”, a la vez que determina que “se considerará doble afiliación la inscripción en un partido municipal y en un partido provincial o nacional”.
La nueva ley de partidos políticos que impulsan Blanco y Martínez Allende pretende garantizar la participación de las minorías en la vida interna. Para ello proponen que las cartas orgánicas consagren “la participación y control de los afiliados y de las minorías en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos” y fijan que “la participación de las minorías no podrá ser inferior al 25% de los cargos o candidaturas a ocupar”. Afirman que “de esta manera se obtendría el resguardo de todos aquellos que aun no pudiendo reunir los votos necesarios para obtener un triunfo eleccionario, sí mantendrían un caudal de votos suficientes para detentar cargos electivos o partidarios y se pondría fin al monopolio de las facciones que venzan cualquiera sea su número o porcentaje”.
Otro de los cambios propuestos es que no se considere “válida una elección (interna) si no se alcanza (la participación) del 20% del padrón electoral, tanto en la primera como en la segunda convocatoria”, y que tal circunstancia sea considerada “causal de caducidad de la personería porque el partido dejaría de tener representatividad”. La norma actual, la ley 470, estipula que “serán consideradas válidas las elecciones internas para la designación de autoridades partidarias cuando votase un porcentaje de afiliados superior al 20% del padrón partidario vigente al momento de la elección interna. De no alcanzarse tal porcentaje se deberá realizar una segunda elección dentro de los 30 días” y “se tendrá por válida esta segunda elección cualquiera sea el número de votantes que concurran a ejercer su derecho a voto”.
Además elimina la consagración de listas por aclamación, ya que prevé que aun cuando en una interna “se presente una sola lista de candidatos” deba realizarse la elección. “Tal requisito conlleva la legitimidad de los candidatos y evitar que no alcanzando el porcentaje de votos exigidos por la norma algunos pocos mantengan un partido político por conveniencia absolutamente personal”, afirman.
Para poner fin a una vieja controversia que existe en la Provincia sobre a quién corresponde la banca, si al partido político o al candidato, el proyecto determina que “las bancas de los cuerpos legislativos o deliberativos correspondan a los partidos políticos y no a quienes a la sazón las detenten”. Interpretan que esto evitará “el transfuguismo político y que el ciudadano, que con su voto acompañó un proyecto y una plataforma electoral determinada, luego se vea burlado por la decisión personal de uno o varios legisladores o concejales, más aún en una provincia como la de Tierra del Fuego, donde la cantidad de aquéllos es de un número tan reducido que dos o tres voluntades pueden incidir en el rumbo político de un gobierno, en contra de los principios que los llevaron a ocupar esas bancas”.
