ara adecuar la normativa provincial a los principios rectores de la ley nacional de salud mental, las legisladoras del FPV-PJ Marcela Gómez y Angelina Carrasco presentaron una iniciativa que crea “el órgano de revisión de salud mental y la comisión provincial de salud mental y adicciones”.
La impulsora de la norma, legisladora Marcela Gómez, explicó que, en su articulado, el proyecto crea dos importantes espacios: “el Órgano de Revisión de Salud Mental y la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones”.
Detalló que “el Órgano de Revisión se desarrollará en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, y tendrá por objeto proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental”. Adelantó que estará integrado por un representante del Ministerio de Salud, uno de la defensoría pública, uno de asociaciones de usuarios y familiares, uno de trabajadores de la salud y uno de organismos no gubernamentales abocados a la defensa de los derechos humanos.
Señaló, además, que “la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones se desarrollará en el ámbito del Ministerio de Jefatura de Gabinete, bajo la presidencia del Secretario de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud”, o quien en el futuro lo reemplace.
“Esta Comisión contará con representantes de los distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo” y que de la misma “también participarán un representante del Poder Judicial, del Legislativo, de la Obra Social provincial”, entre otras dependencias estatales.
La Parlamentaria explicó que el objeto de la Comisión será “planificar, diseñar y coordinar políticas públicas de prevención y asistencia de salud mental y adicciones, para asegurar la protección de los derechos humanos de las personas”, y que “organizará un Consejo Consultivo Honorario, con el fin de recibir propuestas y articular acciones con los distintos sectores de la comunidad”.
El ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, autor de la ley nacional de salud mental, consideró de suma relevancia la iniciativa “que reemplaza la ley provincial 78, que estaba enfocada solamente a la prevención de adicciones y de persecución del narcotráfico”, mezclada con el tema sanitario.
Aseveró que “para el Poder Ejecutivo este proyecto es muy importante, no solo porque se adapta a leyes nacionales nuevas, sino porque el involucramiento de la sociedad civil en la gestión es un eje fundamental”, cerró.
Participaron de la presentación del proyecto, realizada ayer en la sede de Presidencia del Parlamento, el Defensor Oficial Gustavo Ariznabarreta; el secretario de Derechos Humanos Sergio Mingrino; representantes de los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y de la Subsecretaría de Juventud de la Provincia.
