incuenta y cuatro jubilados de la actual Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSPTF) mantienen demandas judiciales donde plantean la presunta inconstitucionalidad del Fondo Solidario para el pago de jubilaciones al que aportan mensualmente en virtud de la ley 1062 de emergencia previsional, según confirmaron a EDFM fuentes oficiales del organismo.
La cifra surge de un relevamiento efectuado por la caja jubilatoria actualizado al 4 de julio, al que hay que agregarle el caso del ex juez del Superior Tribunal de Justicia Félix González Godoy, revelado por este medio el pasado 28 de junio y que sin embargo no figura en el informe.
Si bien las demandas contra el aporte extraordinario comprenden a ex empleados y funcionarios de todos los ámbitos estatales, la situación de los ex magistrados sobresale por tratarse de quienes cobran algunas de las jubilaciones más elevadas que paga el sistema previsional fueguino.
La ley 1062, integrante del paquete de normas impulsado por la actual gestión gubernamental y sancionado en enero de 2016, para intentar sanear la crisis económica del ex IPAUSS (hoy dividido en obra social por un lado y caja jubilatoria por otro) estableció una grilla de aportes proporcionales a los haberes, tanto de jubilados como de empleados públicos en actividad.
El objetivo fue la conformación de un fondo, llamado “solidario”, cuyo fin es pagar en tiempo y forma las jubilaciones de todo el sistema.
La gobernadora Rosana Bertone ratificó el último viernes, en conferencia de prensa, que gracias a ese procedimiento, y a otras medidas como el pago de deudas previsionales de larga data, la Caja logra liquidar los haberes a todos los beneficiarios antes del décimo día hábil de cada mes, al tiempo que el 80% de los jubilatorios ya no aporta al fondo solidario.
En ese sentido, Bertone anunció una suba del piso de aportantes, que pasó de quienes perciben hasta $45 mil hasta quienes reciben $52 mil.
Sin embargo, el aporte se mantiene para las jubilaciones más altas, y la norma establece que las jubilaciones mayores a $65.001, aportan el 15 % del haber bruto.
Entre esos jubilados (o sea los que más ganan) surge la lista de 54 personas que iniciaron demandas judiciales contra la constitucionalidad del fondo.
De acuerdo a cifras oficiales de la caja jubilatoria, publicadas en Internet, los haberes jubilatorios superiores a los $65 mil representan el 13,96% del total de la masa de haberes que liquida el sistema, casi lo mismo que las jubilaciones más bajas (de cero a $25 mil) en las que se invierte el 14,49% del total, pese a que representan, en cantidad, el 26% de todos los jubilados de la provincia.
Ex magistrados
Además del ex presidente de la Corte fueguina González Godoy, otros tres ex jueces provinciales sostienen demandas por este tema, que se tramitan –aun sin sentencia- ante el Superior Tribunal de Justicia.
Uno de ellos es el ex camarista penal Mario Eduardo Basso, quien percibe una jubilación mensual de $135.788 (según la liquidación del mes de mayo de este año).
Además de haberse hecho conocido por haberle negado el derecho a la identidad a las dos primeras nietas recuperadas por Abuelas de Plaza Mayo, cuando se desempeñaba como juez del Tribunal de Menores Nº2 de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, el 31 de octubre de 1977, Basso fue siete años camarista de Tierra del Fuego y se jubiló en 2000 gracias al régimen de jubilación anticipada impulsado por la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
El libro “Justicia Adicta” del periodista Gabriel Ramonet, describe que Basso fue uno de los autores del proyecto de ley jubilatoria con el que luego se benefició.
Otro de los litigantes contra la constitucionalidad del fondo solidario es el ex camarista Civil Francisco Javier de Antueno, titular de un haber jubilatorio de $126.466 y también jubilado por el régimen de jubilación anticipada que le permitió acceder a un beneficio de por vida con solo 5 años de aportes al ex IPAUSS.
Y la última demandante del Estado para evitar el descuento sobre sus haberes es la ex jueza Civil de Ushuaia María Adriana Rapossi, quien accedió a la jubilación en diciembre de 2013, en medio de dos investigaciones que pretendían su destitución y que fueron desestimadas, finalmente, por el Consejo de la Magistratura.
Rapossi también había sido acusada en 2012 de copiar íntegramente una sentencia dictada antes por el fallecido juez del mismo juzgado, Juan José Ureta, aunque el Superior Tribunal resolvió que “no había incurrido en falta funcional”.
