fectivos de la Policía de la Provincia realizaron ayer un procedimiento de constatación en el complejo de cabañas de Tolhuin atribuido al empresario santacruceño Lázaro Báez, que se relaciona con la causa judicial donde investigan al cuidador de esa propiedad, Rubén Siles, como autor de una supuesta estafa en perjuicio del propio Báez.
La medida ordenada por el juez de Instrucción de Río Grande Daniel Césari Hernández, fue cumplida por integrantes de la Comisaría de Tolhuin con la participación de miembros de la división Policía Científica de esa dependencia, e incluyó la identificación de todas las personas que residen en cada una de las cabañas del complejo situado a orillas del Lago Fagnano, sobre el camino de ripio que conduce al centro del municipio.
La diligencia que comenzó pasadas las 17 y se extendió hasta pasadas las 20, también buscó determinar si los inquilinos contaban con contratos u otros instrumentos que acreditaran el derecho a habitar las cabañas, según informaron EDFM fuentes judiciales.
Es que el caso iniciado a raíz de un oficio remitido por el juez Federal de Buenos Aires Sebastián Casanello, que investiga a Báez por irregularidades en la obra pública nacional y lavado de dinero, apunta a determinar si Siles cobra unilateralmente los alquileres de las propiedades sin rendir el dinero al empresario detenido desde abril de 2016.
El juez Césari Hernández, siguiendo un requerimiento de instrucción suscripto por el fiscal Pablo Candela, también le ordenó a la Policía tomar vistas fotográficas y confeccionar un croquis del lugar.
Siles, de 44 años y empleado municipal de Tolhuin, quedó inmerso en un accionar sospechoso cuando Casanello dispuso un allanamiento sobre las cabañas en octubre de 2017.
En ese entonces, cuando una comitiva de la Policía Federal se presentó en el complejo, el cuidador explicó que el lugar había sido administrado hasta 2015 por Alfredo Benjamín Zárate, individualizado como el testaferro de Lázaro Báez en la provincia, y que Zárate lo había contratado para realizar “remodelaciones y tareas de mantenimiento”.
También dijo que como el hombre de confianza de Báez dejó de ir a Tolhuin y quedó adeudándole dinero por su trabajo, resolvió convertirse en el administrador de la propiedad y comenzó a “alquilar las cabañas por su cuenta”.
Siles mencionó que el dinero que obtiene lo utiliza para pagar los salarios de dos empleados del lugar, que estaban presentes al momento del allanamiento, y que con el resto cancela facturas de luz, agua y gas.
El fiscal también pidió como pruebas que la policía identifique a Zárate (que tiene domicilio en Río Grande) y a las personas que trabajan en las cabañas, además de requerir al Registro de la Propiedad Inmueble que certifique el nombre del titular del complejo turístico.
