l recurso de amparo presentado por una empleada de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos seccional Tierra del Fuego (UTHGRA) contra el decreto que recorta las asignaciones familiares en la región patagónica, continúa tramitándose a pesar de la decisión del Gobierno nacional de suspender por 30 días la entrada en vigencia de la normativa, confirmaron distintas fuentes vinculadas al caso.
La acción realizada por la trabajadora Mariana Marianucci, con el apoyo del sindicato y del propio Ejecutivo provincial, fue instaurada ante el Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete.
Por su parte el fiscal Federal de la ciudad, Juan Arturo Soria, ya emitió dictamen favorable a la pretensión de Marianucchi, como anticipó la semana pasada EDFM.
Según fuentes judiciales, desde entonces se produjeron dos novedades distintas en el expediente: por un lado el juez le corrió traslado al asesor pupilar para que también dictamine, ya que la mujer expone en la demanda que el damnificado por el recorte es su propio hijo menor de edad, beneficiario del cobro de la asignación.
Por otra parte, ante la decisión del Gobierno de posponer la vigencia del decreto Nº 702/18, que originalmente iba a regir desde el 1 de septiembre, Calvete también le corrió vista a la parte demandante para que reconduzca la acción en función de esta última novedad, informaron fuentes judiciales ayer.
El abogado de Marianucchi, Marcelo Álvarez, estimó que “el expediente no tiene que sufrir ningún cambio, porque la situación actual es que se suspendió la vigencia del decreto, pero no se produjo su anulación o su derogación definitiva”.
“Por lo tanto, como el amparo es contra un acto público privado que amenace de manera actual o inminente hechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, sigue adaptándose a este caso. Seguimos estando ante una amenaza inminente a derechos constitucionales, con lo que no tendría por qué paralizarse la causa ni declararse abstracta. Si se derogara la norma, entonces sí podría haber un cambio de escenario, ya que no tendría sentido expedirse cuando ha finalizado la acción que se tratar de corregir”, explicó el letrado.
Sobre la vista al asesor pupilar, Álvarez manifestó que se trata de un procedimiento “natural”.
“Todas las causas donde esté involucrado un menor tienen que pasar por ese procedimiento, bajo pena de nulidad”, aclaró el abogado.
Hasta el momento, el fiscal Soria opinó sobre el fondo de la cuestión que el amparo resulta “admisible”, a la vez que se pronunció por la inconstitucionalidad del decreto, y por el dictado de la medida cautelar requerida también por la empleada.
Al analizar la admisibilidad del amparo, Soria valoró que “se verifica conforme al dictado del decreto cuestionado (Nº702/18) un menoscabo de la escala salarial y, por consiguiente se afecta la seguridad social de las personas que habitan esta zona con la disminución de sus ingresos sin un tratamiento y análisis legislativo que tome en cuenta un estado de emergencia en la materia”.
En esa línea, el fiscal agregó que el decreto se basa en la “adopción de un criterio uniforme” que soslaya la contemplación de los coeficientes zonales de una ley vigente (la Nº24714).
Es por eso que el dictamen admite una “contradicción con una norma de jerarquía superior”, y postula que “el orden jerárquico normativo de controla mediante el remedio que es la declaración de inconstitucionalidad”.
“La aplicación del decreto cuestionado con los parámetros establecidos traerá aparejado un deterioro de los derechos existentes en materia de la seguridad social, por lo que considero que la acción de amparo impetrada es admisible”, aseguró Soria en su pronunciamiento.
Amparo colectivo
Además de la acción promovida por la trabajadora gastronómica, el intendente de Río Grande, Gustavo Melella, anunció hace pocos días la presentación de un amparo colectivo por el mismo tema del recorte a las asignaciones, en una iniciativa que recibió el respaldo de distintos sectores sociales.
Melella se reunió, por ejemplo, con el secretario gremial de la CGT Mariano Tejeda, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Diego Navarro, el presidente de la Cámara Metalmecánica, Gabriel Rolón y los concejales Alejandro Nogar, Paulino Rossi, Verónica González y Laura Colazo, así como con miembros del gabinete municipal.
“El decreto del Presidente atenta contra el bolsillo de los trabajadores y forma parte de medidas que, una tras otra, van en contra del empleo y más en la situación que se encuentra nuestra ciudad con tanta desocupación” señaló Melella al anunciar la demanda.
“Lo que busca esta medida es que no se puedan tocar las asignaciones. Es cierto que el Gobierno ha suspendido el decreto por treinta días, pero es eso, simplemente una suspensión y no implica que al otro día esté vigente”, agregó.
Por su parte Tejeda celebró que se realicen “acciones concretas” contra este tipo de recortes.
La presentación inicial de Marianucci fue realizada el martes 31 de julio, y la demandante fue acompañada por el secretario general de UTHGRA Seccional Tierra del Fuego, Ramón Calderón y por el secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Sergio Mingrino.
En los fundamentos de la acción, se argumentó que el decreto “iguala para abajo las asignaciones, eliminando el diferencial que veníamos percibiendo los trabajadores de la Patagonia”.
La demanda indicó que “el decreto que venimos a impugnar representa un recorte en nuestro salario real. Un decreto que fue la vía elegida para consumar una violación de nuestros derechos”.
“Sentí vulnerados los derechos de mi hijo y no quise quedarme sin hacer nada”, expresó la mujer en el momento de la presentación.
