n tiempos donde el pago de las asignaciones familiares causa tanta preocupación en los trabajadores, la semana pasada se dio una discusión en el seno de la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego por el pago de las mismas. La misma se dio luego de que dos directoras denunciaran ante la Fiscalía de Estado la legalidad del Decreto 1624/18, que estableció el pago de la suma fija extraordinaria otorgada en dos cuotas por el Gobierno y que fuera realizado utilizando los procedimientos habituales para el pago de asignaciones familiares.
La denuncia de las Directoras Elisa Dietrich y Mónica Díaz (integrantes de la Unión de Gremios) fue realizada ante la Fiscalía de Estado con posterioridad al pago, sin que hayan realizado cuestionamientos formales en el ámbito de la Caja de Previsión.
Ante dicha presentación la Fiscalía de Estado emitió el Dictamen N° 05/18, que fuera notificado a la Caja de Previsión el 26 de julio, en el mismo el Fiscal de Estado señaló que el Poder Ejecutivo no podría disponer de sumas en el ámbito de la Caja de Previsión Social por tratarse de un organismo autárquico, con presupuesto propio indicando que “excede el marco de las competencias que le son propias del Poder Ejecutivo la de fijar unilateralmente en cabeza de la caja de Previsión Social la obligación de hacer frente al pago de sumas de dinero con recursos propios". Para la Presidencia del organismo esto puso en riesgo no solo el pago de la segunda cuota de $ 3.000,00 sino también la continuidad de pago de asignaciones familiares a jubilados y pensionados.
Esto motivó que el Directorio de la Caja de Previsión Social debiera analizar la legalidad del pago de las asignaciones familiares, las que históricamente han sido abonadas por los diferentes organismos previsionales (ITPS, IPPS, IPAUSS y actualmente la Caja de Previsión Social) siendo el Poder Ejecutivo la instancia que determina por Decreto los alcances y montos a abonar.
Para brindar seguridad jurídica a los jubilados, el Presidente del organismo - Rubén Bahntje - presentó a Directorio un proyecto de resolución con el objeto de ratificar el pago realizado y adherir al Decreto 1624/18, en los considerandos del mismos se mencionan los antecedentes jurídicos que avalan el pago de asignaciones. A dicha resolución se opusieron las directoras Dietrich y Díaz, mientras que el vicepresidente Sergio Tagliapietra y el presidente, Rubén Bahntje votaron a favor, debiendo este último utilizar la instancia de doble voto para poder aprobar el proyecto.
Cabe señalar que en dicha resolución, la N° 25/2018, se detallan los antecedentes judiciales que han consolidado la jurisprudencia pacífica de los tribunales de Tierra del Fuego en cuanto a que es el Poder Ejecutivo es el responsable de determinar las distintas asignaciones familiares. Ello así como también los montos, siendo responsabilidad del organismo previsional el pago de las mismas, tal como lo estableció la sentencia del Superior Tribunal de Justicia en la causa "FLORES JOSE LUIS C/IPPS S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO" Expte. Nro 454/97 que ordenó al ex IPPS a hacer frente al pago de asignaciones en tanto facultó a la Provincia a repetir ante el organismo previsional el pago de asignaciones que habían sido abonadas desde el tesoro provincial.
De esta manera en los próximos días los jubilados y pensionado de la Caja de Previsión Social percibirán la segunda cuota de $ 3.000,00 y continuarán percibiendo las asignaciones familiares de la misma manera que se ha realizado desde los orígenes del sistema previsional fueguino.
