or un hecho que sucedió en 2008, en la Unidad de Detención de Río Grande, tres penitenciarios y quien se desempeñaba como Jefe de la misma, serán llevados a juicio oral este viernes, en una causa por torturas que fueron denunciadas por los internos Walter Quiroz, Walter Carballo, Alberto Emiliano Seco, René López, Cesar Maximiliano Escobar y Luis Miguel López Villarroel.
El juicio fue suspendido tres veces. La última ocurrió el pasado 13 de septiembre, cuando uno de los defensores, el doctor Francisco Ibarra, objetó que el juez Sergio Diéguez integre el Tribunal de Juicio, planteo al cual se le hizo lugar y éste fue reemplazado por el juez del fuero civil, Aníbal López Tilli.
Dieguez fue apartado de integrar el Tribunal Oral, porque cuando ocurrieron los hechos era asesor letrado del Servicio Penitenciario, “y resolvió el sumario y exoneración de los agentes hoy enjuiciados, por lo que ya emitió una opinión respecto de estos hechos”, sostuvo en un escrito el abogado Ibarra.
El viernes, serán con la subrogancia de los jueces Daniel Mario Césari Hernández, Horacio Boccardo y Aníbal López Tilli; que se llevarán adelante las audiencias, donde además se da otro condimento particular, uno de los acusados será asistido por el defensor público Aníbal Acosta, ya que tenía el patrocinio letrado del doctor Juan Ladereche, quien falleció en forma abrupta el pasado 7 de octubre, en su domicilio particular.
Los acusados
El exjefe de la Unidad de Detención, Ricardo Héctor Rivero es uno de los acusados en este segundo juicio por los hechos de tortura, quien será asistido por el doctor Acosta. Los demás penitenciarios que van a juicio son los ex agentes José Alberto Franco, quien tiene la defensa del doctor Gustavo Ariznabarreta; Rubén Adrián Fernández, quien es asistido por el abogado Francisco Ibarra y César Alberto González, quien es defendido por el doctor Félix Santamaría.
Los ex agentes Franco, Fernández y González ya fueron condenados en un primer juicio por otro hecho denunciado y en el que resultó víctima el recluso Castro Molla, en el que se les aplicó una condena de 9 años de prisión y en la actualidad están en libertad condicional.
Este nuevo proceso surgió de los dichos de otros internos que, al brindar su testimonio como testigos, denunciaron tormentos ocurridos en el lavadero de la Unidad de Detención, razón por la cual el Tribunal de Juicio ordenó la extracción de copias de expedientes y sustanciar una nueva causa.
La acusación
El Fiscal Mayor Guillermo Quadrini es quien lleva adelante la acusación y en la elevación de la causa a juicio señala que los funcionarios penitenciarios de la Unidad Nº 1, José Alberto Franco, Alberto González y Rubén Adrián Fernández, en el horario de las 9 y las 13.00 del 22 de diciembre de 2008, impusieron torturas a personas legítimamente privadas de la libertad. También está imputado el ex Jefe de la Unidad Penitenciaria, Ricardo Héctor Rivero.
El doctor Quadrini expresa que la aplicación del mecanismo de torturas implicó para los internos “padecimientos físicos e imposición de sufrimientos psíquicos, consistentes en hacinamientos producidos en el piso del lavadero de la Unidad, donde los obligaron a colocarse boca abajo”.
En ese ínterin, según la descripción del Fiscal, se dio inicio a una serie de “conductas aberrantes y aflictivas hacía los internos”.
Respecto de los imputados Franco y Fernández, durante la etapa de instrucción, se acreditó que “estuvieron en el lavadero cometiendo las prácticas de torturas”, mientras que en el caso de González, quien oficiaba como “fiscalizador, se encontraba supervisando en todo momento las conductas descriptas”.
Sobre el coimputado Rivero, quien era Jefe de la Unidad Penitenciaria, según consta del requerimiento del Fiscal Mayor, el día de los hechos, “omitió y dejó que los acontecimientos se desarrollaran en las formas y circunstancias acreditadas con las consecuencias desvaliosas conocidas, pese a estar en conocimiento acabado de la forma ilícita en la que procedían sus subordinados González, Franco y Fernández”.
En consecuencia, “no adoptó la más mínima medida funcional que impidiera su consecución dada la posición de garante que le confiere el mandato impuesto legalmente”, detalla el escrito del doctor Quadrini.
