l abogado del intendente de Río Grande Gustavo Melella, acusado de pedir favores sexuales a cambio de empleo, negó que constituya una irregularidad haber accedido a la copia completa del expediente y acusó a los denunciantes de “vender humo”.
Francisco Ibarra contestó ayer a las imputaciones realizadas por el letrado que representa a las supuestas víctimas del caso, Francisco Giménez, quien aseguró el martes que el juez Raúl Sahade había “frustrado la investigación” al permitirle al intendente tomar conocimiento de todas las fojas de la causa.
“El denunciado tiene el derecho de tomar conocimiento de todo lo que se lo está acusando, a los efectos de ejercer el derecho de defensa. El Superior Tribunal de Justicia lo ha sostenido así en innumerables actuaciones. Es un verdadero desacierto pensar de otra manera”, afirmó Ibarra en dialogo con EDFM.
Según Giménez, con el acceso irrestricto al expediente, el intendente se enteró de las declaraciones completas de las víctimas, sus domicilios, sus teléfonos y también las medidas de prueba requeridas por la querella y la fiscalía.
“Las supuestas víctimas han declarado sobre el caso públicamente, y hasta hay medios que han filmado sus testimonios. No solo eso, los medios tienen copia de todas las actuaciones y las han difundido. En ese contexto, es un despropósito hablar de una irregularidad. El objetivo es seguir generando mayor caos y humo”, replicó Ibarra.
El abogado del intendente también destacó que por este tema “no hubo ningún acto clandestino. Nosotros solicitamos las copias por escrito y el tribunal accedió mediante una resolución fundada, de la misma manera que también le entregó una copia a la querella. Eso se llama igualdad de armas”, enfatizó.
Melella está involucrado en una causa penal que comenzó el pasado 30 de agosto cuando Giménez denunció irregularidades en la obra pública municipal, y de allí se desprendió que tres trabajadores de la construcción, Damián Rivas, Alfredo Suasnabar y Mario Lovera, dijeron haber recibido pedidos de favores sexuales por parte de Melella, a cambio de ser contratados, primero, y luego para poder cobrar los trabajos.
El fiscal Pablo Candela desestimó las denuncias de Rivas y Suasnabar, pero otro fiscal, Guillermo Quadrini, le imputó al intendente presunto “abuso sexual coactivo” por el caso de Lovera.
Ibarra reveló en la víspera que ya le solicitó al juez Sahade el rechazo del requerimiento de instrucción del fiscal Quadrini, con el argumento de que “se basa en una declaración testimonial de la supuesta víctima que han sido transcripta de manera equivocada. Es decir, que el hecho por el que se formula el requerimiento no es el denunciado”, indicó.
El letrado dijo que en caso de no prosperar ese planteo, se evaluará si Melella se presenta en el juzgado a declarar de manera espontánea.
