e cara al cierre del año parlamentario, la comisión de Legislación General resolvió avanzar en el análisis del proyecto que busca reemplazar a la ley de partidos políticos vigente en la provincia desde enero del 2000.
La iniciativa, presentado por el bloque UCR Cambiemos en mayo del año pasado, determina a los partidos políticos la obligación de formar y capacitar de sus dirigentes.; mantener una permanente actividad interrelacionada con la sociedad; garantizar la participación de las minorías en un 25% en la distribución de cargos electivos o partidarios. Además determina que las bancas de los cuerpos legislativos o deliberativos correspondan a los partidos políticos y no a quienes las ocupan.
Los autores del proyecto entienden que resulta “necesario lograr un cambio profundo en varios aspectos que hacen a la constitución y, especialmente, en lo que hace a la formación y funcionamiento de los partidos políticos”, para fortalecerlos como “una alternativa de gestión política” en lugar de convertirse “en un mero conjunto de personas que buscan solo una conveniencia de índole electoral”. En ese entendimiento proponen que “los fundadores y adherentes de estas nuevas agrupaciones, se encuentren desvinculados totalmente de toda afiliación anterior” o en su defecto deban haber transcurrido 6 desde el momento en que se desafiliaron a otro fuerza. “No resulta razonable que siendo afiliado a un partido político o con una renuncia reciente abracen otra causa, por lo general en vísperas de elecciones”, argumentan.
También consideraron necesario introducir mejoras el sistema de afiliación, para lo que postulan “que las fichas sean lo suficientemente claras para que los ciudadanos que opten incorporarse a un nuevo partido sepan fehacientemente a cuál lo están realizando”. Afirman que existen “sobradas pruebas” de que “solapadamente se formalizan afiliaciones de ciudadanos que desconocen en plenitud lo que están acompañando con su firma”.
También para evitar la doble afiliación, el proyecto contempla que “los que sin haberse desafiliado formalmente de un partido se afiliaren a otro, serán sancionados con inhabilitación por dos años para el ejercicio de derechos políticos, incluso el de afiliarse a cualquier partido”, a la vez que determina que “se considerará doble afiliación la inscripción en un partido municipal y en un partido provincial o nacional”.
Con estas nueva normativo también se pretende garantizar la participación de las minorías en la vida interna. Para ello proponen que las cartas orgánicas consagren “la participación y control de los afiliados y de las minorías en el gobierno y administración del partido y en la elección de las autoridades partidarias y candidatos a cargos públicos electivos”, y que no se considere “válida una elección (interna) si no se alcanza (la participación) del 20% del padrón electoral, tanto en la primera como en la segunda convocatoria”, y que tal circunstancia sea considerada “causal de caducidad de la personería porque el partido dejaría de tener representatividad”.
Además se elimina la consagración de listas por aclamación, ya que prevé que aun cuando en una interna “se presente una sola lista de candidatos” deba realizarse la elección. “Tal requisito conlleva la legitimidad de los candidatos y evitar que no alcanzando el porcentaje de votos exigidos por la norma algunos pocos mantengan un partido político por conveniencia absolutamente personal”.
Para poner fin a una vieja controversia que existe en la Provincia sobre a quién corresponde la banca, si al partido político o al candidato, el proyecto determina que “las bancas de los cuerpos legislativos o deliberativos correspondan a los partidos políticos y no a quienes a la sazón las detenten”. Interpretan que esto evitará “el transfuguismo político y que el ciudadano, que con su voto acompañó un proyecto y una plataforma electoral determinada, luego se vea burlado por la decisión personal de uno o varios legisladores o concejales, más aún en una provincia como la de Tierra del Fuego, donde la cantidad de aquéllos es de un número tan reducido que dos o tres voluntades pueden incidir en el rumbo político de un gobierno, en contra de los principios que los llevaron a ocupar esas bancas”.
Durante la reunión de comisión convocada para mañana, también se abordarán una nueva ley de acceso a la información pública que reemplace a 653, aprobada en el año 2004; la adhesión a la Provincia a la ley nacional 27.351, sobre la tarifa especial para pacientes electrodependientes; el proyecto sobre honorarios profesionales para abogados de la Provincia; una modificación al Régimen de Jubilación y Pensiones para el personal de los tres poderes del Estado; y la modificación a las Leyes provinciales 345,314 y 714 de bomberos voluntarios.
