res organizaciones ambientalistas de Ushuaia presentaron una acción judicial para suspender el inicio de las obras relacionadas con la apertura de una ruta de 132 kilómetros de extensión sobre la costa del Canal Beagle (conocida como Corredor del Beagle) impulsada por la gestión de la actual gobernadora Rosana Bertone.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) pidieron que también se suspenda la audiencia pública prevista para el próximo martes 11 de diciembre, donde se debatirán distintos aspectos del proyecto, como la evaluación de impacto ambiental que los demandantes consideran “incompleta” y “carente de rigor técnico”.
El camino planificado en tres etapas y ya adjudicado a la empresa Luis Felipe Gancedo por un valor de $1700 millones, prevé unir, en el primer tramo, a la capital fueguina con el poblado de Almanza, situado a unos 30 kilómetros al oeste frente a la localidad chilena de Puerto Williams. Hay otros dos tramos que terminarían con la traza final en Cabo San Pío.
El gobierno provincial pretende ampliar con ello la oferta turística de la zona y desarrollar un polo de emprendimientos productivos vinculados a la pesca, la explotación turbera y la producción de alimentos, entre otras actividades.
Sin embargo, un grupo de ambientalistas nucleados en la Asociación Mane´kenk, la Asociación de Profesionales del Turismo de Tierra del Fuego y la Asociación Bahía Encerrada (ABE) presentaron una acción judicial por “protección de intereses difusos”, en la que señalan una serie de presuntas irregularidades en el proceso administrativo de gestación de la obra.
La demanda presentada con el patrocino del abogado Rodrigo Guidi, ante el Juzgado Civil y Comercial de Ushuaia, requiere que se suspenda la ejecución de la licitación pública de los trabajos y la audiencia pública del 11 de diciembre, pero también toda clase de movimiento de suelo previo, obras viales y afectación de maquinarias.
Además, se solicita la preservación de los monumentos históricos nacionales y provinciales, y de los yacimientos arqueológicos ubicados en la zona, y la intervención de organismo técnicos.
Entre las principales objeciones a la obra, los ambientalistas argumentan que “la traza de la ruta aún no ha sido definida, pese a ya haberse adjudicado la obra”, por lo que “tampoco pueden adoptarse y llevarse a cabo los trabajos técnicos para preservar el daño ambiental, cultural, histórico y arqueológico”, indica la demanda a la que accedió EDFM.
También cuestionan que se armó un pliego de licitación “sin un anteproyecto o estudio de factibilidad”, “no existe un plan de manejo de todo el sector” y “muchas áreas técnicas no han tenido acceso al trabajo”, al mismo tiempo que no se pidió la opinión de expertos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) o de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, señalan.
Por otra parte, en relación al estudio de impacto ambiental, la demanda sostiene que mientras el propio pliego licitatorio solicita tres estudios, la empresa presentó uno solo, y que el presentado resulta inconsistente por falta de “referencias bibliográficas científicas y validadas por la comunidad académica”.
Cumplir las normas
“Lejos de querer frustrar la obra, pretendemos asegurar el cumplimiento de normas de carácter constitucional e infraconstitucional tendientes a preservar el patrimonio ambiental, cultural, histórico y arqueológico de la provincia”, argumenta el texto de la acción judicial.
En esa línea, aconsejan que la empresa salga a trabajar cuando tenga “todos los aspectos técnicos definidos” para evitar así posibles paralizaciones por violación a normativas vigentes, y hasta sugieren utilizar el modelo del tramo de la Ruta Nacional Nº3 que ingresa al Parque Nacional Tierra del Fuego.
Allí el camino corre en forma paralela a la costa “pero a una distancia tal que puede hacerse una salida y retorno hasta los puntos de interés”, cuidando el ecosistema marino y el patrimonio cultura, indica la demanda que ahora será examinada por la Justicia Civil de Ushuaia.
